Hoy 
POR ALEIDA PLASENCIA
El empresario Rafael Alvarez Crespo consideró urgente que el gobierno implemente el Plan Nacional de Competitividad, para que los sectores productivos puedan aprovechar los beneficios de los tratados de libre comercio (TLC).
En su opinión, el Plan Nacional de Competitividad debe incluir la eliminación de la Comisión Cambiaria, que actualmente es de 13% y quitar los impuestos a las maquinarias y materias primas.
Alvarez Crespo, ex presidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Haina, al hablar a título personal, consideró que si no se pone en marcha el Plan Nacional de Competitividad, el país no podrá obtener beneficio del TLC que se implementará con los Estados Unidos. Recordó que el país no ha podido beneficiarse de los acuerdos de libre comercio que ejecuta con Centroamérica y el Caribe.
Con relación a los TLCs que implementa el país con Centroamérica y el Caribe, dijo que los sectores productivos locales han perdido mercado, tanto a lo interno como en el ámbito externo, por falta de competitividad.
En cambio, añadió, los sectores productivos de Centroamérica y el Caribe han ganado un tremendo nicho, en el mercado dominicano.
Dijo que por ello, la ejecución de un Plan Nacional de Competitividad es vital para la sobrevivencia de los sectores productivos de la República Dominicana, porque contribuiría a darle competitividad a éstos.
El Plan Nacional de Competitividad, de acuerdo a como está estructurado, sería implementado a través del Consejo Nacional de Competitividad, en coordinación con los sectores productivos.
Alvarez Crespo dijo que apoya en toda su extensión la propuesta de la Asociación de Industrias de la República (AIRD), de legislar para establecer la equidad fiscal de las empresas locales con relación a las de los países con los cuales tiene que competir la nación en el marco del libre comercio.
En otro orden, Alvarez Crespo expresó su apoyo a las autoridades tributarias en las acciones que llevan a cabo para combatir la evasión de Impuestos.
No obstante, abogó porque los impuestos sean cobrados de una forma justa, en base a una realidad demostrable.
