POR GERMAN MARTE
El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó su preocupación por las denuncias de corrupción de las últimas semanas, las que en su opinión denotan falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y de racionalidad en la inversión pública, en unos casos, mientras otros se inscriben en el proceso de descomposición moral que se percibe en la vida pública y privada de la Nación, sobre todo en el ejercicio de la función pública.

El planteamiento lo hace una carta pública dirigida al presidente Leonel Fernández que se publica íntegra en esta edición.

Participación Ciudadana subraya que a ocho meses de iniciado el gobierno se han denunciado casos que generan escándalo y tienden a reducir la credibilidad en la gestión pública, con la de escasa fe en las investigaciones y los procesos judiciales.

Se refiere a lo que denomina como falta de transparencia y racionalidad en inversiones públicas realizadas sin concursos ni licitaciones y sin que estuviesen consignados en la Ley de Gastos Públicos.

Cita entre otros casos, la «desproporcionada» inversión de RD$241 millones en muebles y «decoraciones ostentosas» en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General «con duplicidad de contratos».

Dijo que esa inversión constituye «una ofensa a la pobreza de las mayorías nacionales y las mismas precariedades que se observan en el resto del poder Judicial».

Asimismo, el consejo de Participación Ciudadana censura la compra de un edificio por RD$1,000 millones para alojar la dirección de Aduanas sin licitación pública, a pesar de que presumiblemente las operaciones de esa oficina se reducirán significativamente debido a la tendencia hacia acuerdos de libre comercio y el consecuente desmonte arancelario.

También se refirió a la sustitución de pisos, asientos y ventanas en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recién construida, en lo que se gasta de nuevo una suma multimillonaria, sin previa solicitud de las autoridades universitarias.

«Nuestras preocupaciones aumentan, Señor Presidente, por acontecimientos turbios, colindantes con la corrupción y denuncias de actuaciones irregulares que pasan como normales, mientras los rumores apuntan a mayores implicaciones», expresa Participación Ciudadana.

Específicamente señala las relaciones entre funcionarios civiles y militares y la contratista que amuebló y decoró el edificio de la Suprema Corte, con el ex capitán del Ejército, Quirino Paulino Castillo, involucrado en la mayor incautación de droga en la historia del país y quien es juzgado en Estados Unidos.

Agrega que la información de que una parte de los muebles destinados a esa edificación fueron encontrados en un almacén Paulino Castillo, fortalece versiones más graves que circulan persistentemente desde diciembre pasado.

En esa misma tesitura, considera sumamente grave que el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Julio César Ventura Bayonet, estuviera en la finca de un comerciante de Moca justo cuando fue encontrado allí un cargamento de licores introducido al país de contrabando.

El escandaloso caso de que al Fiscal del Distrito Nacional se le asigne una yipeta de lujo que se sabía que había sido robada en Estados Unidos.

Del mismo modo que fueran retirados, sin inmediata sustitución, los abogados que por parte del Estado conducían el proceso judicial por las irregularidades denunciadas, hace cuatro años y medio, en el Programa de Empleo Mínimo Eventual, (PEME).

«Todos estos acontecimientos, Señor Presidente, han producido un gran desconcierto en amplios sectores nacionales, sobre todo porque manchan una gestión de gobierno iniciada con grandes promesas de saneamiento», indica el documento.

LAS SUGERENCIAS

Participación Ciudadana sugirió al presidente Fernández que impulse la aprobación del proyecto de ley ya consensuado en la Cámara de Diputados con numerosas instituciones sociales para establecer nuevas normas para las compras, contrataciones y concesiones del Estado.

Propone que mientras se produce la aprobación, se establezcan esas normas por decreto presidencial para reducir esas complicidades, el clientelismo y la corrupción que se registra en las compras y contrataciones estatales.

También exhorta que se fortalezcan los organismos consultivos y participativos como la Comisión Nacional de Ética, que debe impulsar el cumplimiento del Código de Ética del Servidor Público y el Consejo Económico, Social e Institucional, llamado a establecer las prioridades en materia de inversión pública.

Además, que se separe de la administración pública, o sean suspendidos mientras se establece si son pasibles de procesamiento judicial, los funcionarios civiles y militares involucrados en actividades escandalosas.

De acuerdo con Participación Ciudadana se debe reclamar la publicación de todas las auditorías realizadas por los organismos estatales correspondientes y que el ministerio público inicie los procesamientos judiciales que de ellas se deriven sin importar la jerarquía de los involucrados.

Pidió que definitivamente se suprima la práctica de la factura consular, se unifiquen todas las tarifas de servicios consulares y se fijen sueldos a los cónsules en concordancia con los recibidos por el resto de los servidores del Estado en el exterior.

Así como porque se le dé vigencia y aplicación a la Ley 1491, que establece el Servicio Civil y la Carrera Administrativa para enfrentar el clientelismo, las deficiencias y la inestabilidad del empleo público.