La Asociación Dominicana de Agrimensores abogó porque se haga una auditoría a la administración de los US$62 millones que se invirtieron para reformar el registro inmobiliario y si  se determina que  hubo malversación de recursos, se sancione a los culpables.

“Nosotros creemos que los recursos del programa no fueron usados apropiadamente. Nosotros lo resumimos como gremio en que hubo una marcada falta de gerencia en el manejo de los recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los aportes que hizo la Suprema Corte de Justicia”, dijo el presidente, Manuel María Arias Jáquez.

Mientras, el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, Miguel Valois, consideró  que los resultados tan pobres  del proyecto fueron producto de la mala administración de los recursos y de la logística de la anterior gestión de la jurisdicción inmobiliaria.

Recordó que la ley 108-05 fue creada con el objetivo de la descentralización y, sin embargo, los procesos se centralizaron de tal forma que  para obtener un título de Puerto Plata, por ejemplo,  tiene que ser hecho en Santo Domingo.

Criticó que crearan organismos paralelos a la jurisdicción inmobiliaria, como una Unidad de Apoyo a Mensura y Unidad de Apoyo a Registro de Títulos, que no estaban contempladas en la ley.

Recordó que en la ley están previstos el Registro de Títulos y la Dirección Nacional de Mensura Catastral.

Señaló que la nueva Suprema Corte de Justicia actuó, pero la  otra no quiso actuar bajo ninguna circunstancia.

En septiembre pasado, el presidente de la  Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, solicitó a la Cámara de Cuentas auditar el Programa de Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Las claves

1.  Hacer auditoría

La Asociación Dominicana de Agrimensores abogó porque se haga una auditoría a la administración de los US$62 millones que se invirtieron para reformar el registro inmobiliario y que si hubo malversación de recursos se sancione a los culpables.

2.  Mal uso

“Nosotros creemos que los recursos del programa de la jurisdicción inmobiliaria no fueron usados apropiadamente”, dijo el presidente de la entidad, Manuel María Arias  Jáquez.