Diversas organizaciones  han detectado una oportunidad de  mejoría en la  propuesta de reforma constitucional de la República Dominicana: incluir  el reconocimiento de la economía social y solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo de la nación.

Se han reunido para analizar y consensuar demandas en torno a la necesidad de establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de  la propiedad privada y estatal.

Según explica  Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa  (IDEAC), hasta ahora las propiedades asociativas y solidarias, no se reconoce o son marginalmente reconocidas en la legislación dominicana. 

“Este régimen se  fundamenta en principios de comercio justo, preservación de la ecología, la equidad social y de género, desarrollando relaciones  solidarias, de servicios sociales, sin fines de lucro y de beneficios comunes”.

Según explica la jurista y experta en la materia, Alina Ramírez, en la Constitución se reconocen apenas dos tipos de organizaciones económica fundadas en la asociatividad: las cooperativas y las asociaciones de trabajadores del campo. Destaca que otros países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil, ya reconocen constitucionalmente diversas formas de organización de la producción en la economía.   

Demandas. Como parte del pliego de propuesta a la reforma constitucional, se cuenta establecer el deber del Estado de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de propiedad asociativa y comunal para asegurar el trabajo, el ahorro o el consumo.

Incluir, dentro de los fundamentos del régimen económico, la propiedad asociativa y comunal en un medio para la redistribución del ingreso y la riqueza, como garantía del desarrollo humano con justicia social y democracia económica sostenible. Establecer la función social y ecológica como el límite a la inversión privada. Asimismo, la obligación del Estado de impulsar el desarrollo de economías asociativa y el comercio justo. Consignar el fomento y protección de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía y seguridad alimentaría de la nación.

Ampliar la garantía del derecho al trabajo mediante la protección  al trabajo autónomo, de labores de auto sustento y cuidado humano, así como el reconocimiento de  los trabajadores como actores sociales productivos, e incorporar la democratización de los factores de la producción.

Cruz Tineo ve en  la economía solidaria  una opción de respuesta ante la crisis global y destaca la importancia de crear una ley especial que la regule. “Es vital establecer una política pública que favorezca este sector,  surgido como mecanismo y forma de articulación social de autodefensa  y estrategia de sobrevivencia de sectores pobres que al asociarse pueden gestionar con mayor eficiencia el acceso al mercado”. 

La cifra

7 % del Producto Interno Bruto (PIB)  es el aporte de las  cooperativas y grupos de economía solidaria. Para el 2008 esto representó aproximadamente 29 mil millones de pesos, en la que estuvieron involucradas cerca de   750 mil personas.

Una multitud

Las organizaciones y empresas que constituyen el sector de la economía social y solidaria está conformada por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas.  Tan solo reconocidas legalmente, 892 asociaciones agrupa un total de 53,215 asociados, aglutinados en 60 federaciones.

Entre ellos, pequeños propietarios y propietarias  y de la economía informal urbanos y rurales, como son campesinos, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños industriales y agroindustriales, grupos de mujeres y jóvenes.

Según explica  Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo  del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa  (IDEAC), como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas, estas asociaciones se organizan para generar mayores ingresos, gestionar servicios sociales y comunitarios, comercializar sus productos, ofrecer asistencia técnica y facilitar microseguros y microcréditos. “Se convierten en un  modelo de  construcción del desarrollo local sostenible, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos locales”.