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Los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron ayer a la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional interrogar en calidad de querellantes a los funcionarios José Lois Malkun y Julio Cross con relación a la acusación contra los principales ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO).
La solicitud la plantearon porque consideran que se encuentran facultados para exponer o señalar las personas estimen puedan aportar información útil a la instrucción del proceso.
En una instancia depositada en el tribunal, los abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, José Lorenzo Fermín, Carlos Ramón Salcedo y Jorge Luis Polanco, piden a la jueza Anikssa Serra de la Mota interpelar a Malkun, gobernador del Banco Central, y a Cross, superintendente de Bancos, debido a que conocen a profundidad los elementos que sustentan la acusación hecha en contra de Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza.
Asimismo, los abogados solicitaron que sean interrogados en calidad de informantes Félix Salvador Fondeur y Ramón Alejandro Rosario García, quienes fueron designados como veedor y contador público autorizado, respectivamente, en el proceso de investigación hecho por la Superintendencia de Bancos y, por ende, conocen con detalle informaciones de «incuestionable trascendencia y repercusión en las acusaciones formuladas».
En la instancia, la parte civil constituida señala que es necesario ordenar además un experticio contable para el estudio de las operaciones realizadas en la entidad bancaria, de sus funcionarios y vinculados, de conformidad a la querella.
Los abogados del Estado se querellaron directamente en el tribunal y se constituyeron en parte civil contra los ex ejecutivos de BANCREDITO, tras la negativa del fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, de poner en movimiento la acción pública.
Sostienen que resulta cuestionable que a dos meses y 17 días después de ellos haber interpuesto la querella, el Fiscal tomara la «sorprendente e inaudita decisión de no poner en movimiento la acción pública toda vez que los hechos que la conforma se refieren únicamente a contestaciones civiles entre las partes».
