Piden investigar cárceles cubanas

LA HABANA (EFE).- Disidentes cubanos acusaron al gobierno de “manipulación” y pidieron que autorice el acceso de inspectores internacionales a las cárceles para zanjar la polémica abierta sobre la situación de los opositores condenados en prisión.

La situación de los 75 disidentes encarcelados hace un año ha vuelto cobrar protagonismo en Cuba coincidiendo con los debates de al Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, rechazó el jueves las denuncias de la oposición sobre la precaria situación de los disidentes en las cárceles por considerar que responden a una campaña internacional para desprestigiar a la isla.

El ministro negó que los disidentes presos hayan recibido malos tratos o se encuentren en malas condiciones en prisión.

Para corroborar sus declaraciones, mostró a la prensa un vídeo con entrevistas realizadas por periodistas cubanos a siete esposas y madres de opositores en las que reconocían que sus familiares han recibido buen trato y atención médica adecuada en prisión.

Las declaraciones del canciller han provocado duras críticas entre la oposición interna cubana, que ve en esta estrategia un intento del gobierno por mejorar su imagen en vísperas del debate en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Para Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), el gobierno “trata de tapar el sol con un dedo” y ocultar una situación “muy grave” con la mira puesta en Ginebra.

“Por qué no liberan a los enfermos, por qué no permiten el acceso a las cárceles a la Cruz Roja Internacional, por qué no se celebran nuevos juicios en Cuba”, se preguntó Payá.

Payá fue uno de los numerosos disidentes que asistió anoche a la recepción de la embajada griega en Cuba, que invitó por primera vez a la oposición a su fiesta nacional cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado año por los países de la Unión Europea.

Para Elizardo Sánchez, que encabeza una ilegal Comisión de Derechos Humanos, la única manera de aclarar la verdad sobre la situación de los “presos de conciencia” es permitir la entrada de la Cruz Roja Internacional, expertos de Naciones Unidas e incluso la prensa internacional a las cárceles.

“La historia que está representando el gobierno tiene muy poco que ver con la realidad”, opinó Sánchez, convencido de que la estrategia oficial tiene una doble lectura, internacional e interna “para seguir desinformando al pueblo cubano”.

Vladimiro Roca, del Movimiento Todos Unidos, calificó la actitud gubernamental como “una coreografía, un teatro” que responde “a que tienen una situación difícil en Ginebra”.

A juicio de Blanca Reyes, esposa del escritor y periodista Raúl Rivero -condenado a 20 años- se ha producido una situación “increíble” porque se ha “manipulado” a las esposas de los disidentes.

El objetivo “era manipular”, dijo Reyes, una de las esposas que se negó a ser entrevistada por los periodistas cubanos cuyo trabajo sirvió para elaborar el vídeo hace unas semanas.

A su juicio, el mensaje del gobierno va dirigido al pueblo cubano porque “en el exterior no creo que nadie le crea eso, ni creo que el sistema carcelario en Cuba es bueno”.

También Gisela Delgado, esposa de Héctor Palacios -condenado a 25 años-, denunció “manipulación” en las entrevistas.

Gisela accedió a ser entrevistada por periodistas cubanos y su testimonio explicando que su esposo recibió atención médica adecuada aparece en el vídeo mostrado el jueves, que será emitido esta noche por la televisión estatal cubana.

“Fue una manipulación”, insistió Delgado, que aseguró que durante una entrevista de más de una hora defendió la inocencia de su marido y culpó al gobierno de las condiciones carcelarias.

A su juicio, “lo que está tratando de hacer el gobierno es limpiar su imagen para no ser sancionado en Ginebra”.

El gobierno cubano se ha negado en repetidas ocasiones a aceptar el acceso de inspectores de Naciones Unidas en las cárceles de la isla.

El miércoles, Cuba rechazó airadamente en Ginebra un informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla presentado por una representante especial de la ONU.