El Museo Memorial de la Resistencia exige que se investigue de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina los casos que no se conocen de crímenes de sangre económicos, profundizar los sexuales y los de género.
La directora, Luisa de Peña Díaz, demanda la creación de la Comisión de la Verdad que están a la espera de que el Estado dominicano la establezca y de la que presentaron un informe y recolectaron firmas, debido a que en la Era de Trujillo no ocurrieron crímenes políticos. “Hay crímenes de sangre económicos. Esto hay que profundizarlos”.
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Tres casos que la museóloga y museógrafa cita como muertes de sangre económica en el régimen de Trujillo afirma que sucedieron en el “campo de exterminio del Sisal, en la provincia de Azua, a donde eran llevados presos políticos y fallecían por hambre y exceso de trabajo. También, en los campos de arroz de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
Expresa que José Arismendy Trujillo Molina (Petán), hermano del tirano, se dice que cuando iba a construir una carretera del Sur del país, dispuso el asesinato de los obreros, para no pagarles.
Los abortos de mujeres de Trujillo es otro de los crímenes preocupantes. Indica que María Martínez, la esposa del dictador, no permitía que ninguna de las amantes de Trujillo terminara su embarazo y es otro de los hechos a investigar. Deplora como se celebraban reinados de belleza para buscarle muchachas al dictador. Espera que el presidente de la República, Luis Abinader, disponga la Comisión de la Verdad.
“El revisionismo histórico comenzó la noche que encontraron el cadáver de Trujillo en el baúl del carro de Antonio de la Maza, ubicado en la casa de Juan Tomás Díaz. A partir de ese momento, empezaron a mentir los miembros del régimen, a través del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). De ahí en adelante, han lanzado una cantidad de mentira”, dijo.
Reiteró que se desmontó la mentira de que Pedro Livio Cedeño (quien resultó herido la noche del complot), habría sido el delator de los que terminaron con Trujillo.
Recuerda que con el ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, la dictadura no cayó de inmediato. Su familia sale del país en noviembre de ese año y Joaquín Balaguer, quien era su presidente, salió de la nación en 1962, al no lograr quedarse en el Gobierno.
Entre las oportunidades que tuvo la dictadura, cita que Balaguer demolió la Cárcel de La 40, “para borrar los vestigios de ese centro de tortura”.
Al irse Balaguer, se conforma el Consejo de Estado y se abre una jurisdicción especial para investigar los crímenes y se convoca a elecciones para el 20 de diciembre de 1962.
Precisó que la jurisdicción investigativa continuó funcionando y extraditó al país al teniente militar Clodoveo Edmundo Ortiz González para que respondiera por sus crímenes en la era de Trujillo.
Ortiz era miembro del SIM que torturaba y asesinaba a personas en La 40 y que ha cobrado notoriedad en los informes desclasificados por los organismos investigativos de los Estados Unidos, la agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Federal de Investigaciones (FBI).
Otras de las calumnias más horrendas propagadas era decir que Trujillo no mató a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), intentando atribuir el crimen a los que ajusticiaron a Trujillo, cuando al jefe del SIM e iniciador de la operación contra las Mirabal, Víctor Alicinio Peña Rivera, se le entregó en una aparente pública subasta todos los bienes millonarios del matrimonio que habían establecido Patria Mirabal y Pedrito González.
Aunque el informe no menciona su nombre completo, múltiples investigadores y fuentes coinciden en que se trata de Clodoveo Edmundo Ortiz González, un agente vinculado directamente a crímenes de tortura y represión durante los últimos años de la dictadura.
Blanquear la historia
Afirma que en el país se está dando el revisionismo histórico, como ocurre luego de regímenes dictatoriales, donde al pasar el tiempo y surgir nuevas generaciones, se empieza a desvirtuar y a reescribir la historia, con el objetivo de “blanquear las dictaduras, para poder retornar al poder aquellos grupos que fueron desplazados”.
El comentario de De Peña Díaz refiere a la informaciones desclasificadas por la CIA, que indican que el doctor Marcelino Vélez Santana habría declarado al director del periódico La Nación, Néstor Caro, el 10 de diciembre de 1961, que bajo amenaza y coacción”, los esposos y médicos Robert Reid Cabral y Ligia Fernández lo ocultaron a él y a Antonio de la Maza Vázquez, a Luis Salvador Estrella Sadhalá y a Juan Tomás Díaz Quesada.
Analizó el hecho del 10 de diciembre del año 1961, preparado por Vélez luego del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, para que los miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) creyeran la información y salvar a los esposos. La información terminó como archivo confidencial de la CIA y el FBI.
Ve a Argentina como el mejor ejemplo de revisionismo histórico, porque el gran trabajo de recuperación y de justicia, se encuentra con un gobierno negacionista.
“El revisionismo histórico florece en la ignorancia de las nuevas generaciones, la falta de información, la manipulación”, manifiesta.
Ve ahora el ambiente propicio, por el hecho de que la mayoría de la gente no lee y quiere las informaciones a través de las redes sociales, rápido, corto y sin comprobar si las declaraciones son ciertas o no.