Entidades ambientalistas de la Academia de Ciencias, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el director de Areas Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente, solicitaron al presidente Hipólito Mejía que observe la «mostrenca» ley sectorial destruye reservas ecológicas y parques nacionales.

El director del Equipo Ambiental de la Academia de Ciencias, Renato Rímoli y el ambientalista Luis Carvajal, también le pidieron al presidente electo, Leonel Fernández, que se manifieste públicamente en contra de la legislación y le solicite al mandatario Mejía que no la promulgue, porque dañaría importantes reservas culturales y geológicas, consideradas patrimonio del pueblo.

El director de Areas Protegidas de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Roberto Sánchez, advirtió que la ley sectorial aprobada anteayer por el Senado, sienta las bases para la destrucción de zonas fundamentales para mantener y mejorar la calidad de vida de los dominicanos, y la preservación de la biodiversidad.

Afirmó que la ley amenaza la salud ambiental del país.

Consideró que la prisa con que el Congreso aprobó el proyecto de áreas protegidas lo hicieron cometer errores graves, como prolongar parques como el Nacional de Los Haitises y el Pico Diego de Ocampo hasta el Polo Norte, que ya que salen de territorio y la zona marina nacional.

Sostuvo que otros errores graves fue la exclusión de zonas de la Cueva de Pomier, con la finalidad de entregarlas a empresas mineras.

Sánchez indicó que se olvidó trazar el polígono completo que enmarcaría la reserva de Buen Hombre en Monte Cristi, el cual quedó abierto y por tanto, indefinido.

«Además, ley le da facultades a la dirección de Parques y a la dirección de Foresta, dos organismos que fueron eliminados hace cuatro años cuando se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales», declaró el funcionario.

Planteó que los congresistas ignoraron totalmente el proyecto de ley de Areas Protegidas que sometió el Poder Ejecutivo en agosto del 2002.

Otro de los errores que presenta es que la ley se refiere a sí misma como decreto en algunos lugares y en otros, incurre en indefiniciones de las áreas, haciendo referencia a puntos geográficos como el Pico Trujillo.

Explicó que los errores de la nueva ley están enumerados en un documento de la secretaría de Medio Ambiente y que por la forma en que aparecen, Richard Ramírez, uno de los funcionarios de la entidad, advirtió a los legisladores que solamente un «borracho o un loco» podría haber elaborado un documento con esa cantidad de equivocaciones.

De su lado, Rimoli dijo que la reducción de las áreas protegidas atenta el patrimonio del pueblo, porque se cortan áreas protegidas sin recomendaciones de técnicos y científicos.

Deploró que los congresistas no tomaran en cuenta los resultados de las vistas públicas, en los que distintos sectores en forma abrumadora exigieron la preservación de los recursos naturales.

Rimoli dijo que la ley fue aprobada por encima de la razón y sostuvo que los intereses políticos y económicos prevalecieron. «En este momento sólo queda la instancia de que el actual presidente de la República reflexione y vete el proyecto que salió del Senado. Que sobreponga la conveniencia nacional a cualquier otro interés de otros grupos y de él mismo, que hayan sido tomados en consideración en el pasado».