LA PAZ (AFP).- Miles de indígenas y campesinos marchan hacia La Paz desde diversos puntos del país en procura de una legislación de hidrocarburos que dé más poderes al Estado, en vísperas de que el presidente Carlos Mesa señale sus reparos a la ley petrolera que aprobó el Congreso.

Formados en varias columnas, vecinos de la ciudad El Alto, próxima a La Paz y epicentro de una cruenta rebelión popular que hace 19 meses tumbó al presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, descendieron por varias horas y diversas vías hacia el centro de La Paz, en cuya Plaza San Francisco se montó un masivo mitin que congregó a más de 10.000 personas.

Además de exigir la «nacionalización de los hidrocarburos», los manifestantes demandaron el cierre del Congreso, la renuncia de Mesa o el adelanto de elecciones presidenciales en una concentración de la que también tomaron parte líderes sindicales y sociales.

Las protestas callejeras, pacíficas en general y que colapsaron las actividades en varios puntos la capital, estuvieron a punto de desbordarse cuando un grupo de mineros y campesinos intentó por la fuerza tomar el edificio del Poder Legislativo en la Plaza de Armas de La Paz.

Los manifestantes, que emplearon fulminantes de dinamita, fueron dispersados por la policía con descargas de gas lacrimógeno.

Dos civiles heridos leves y por lo menos cinco detenidos es el saldo de la escaramuza que tuvo lugar a 200 metros del palacio Quemado y en las puertas de un colegio privado.

La tensión derivada de la intentona obligó a evacuar el Palacio Legislativo y a redoblar el control sobre la Plaza Murillo, cuya custodia fue reforzada por militares y cuyos accesos vehiculares fueron cortados en un radio de 300 metros.

Antes de mediodía, el Movimiento Al Socialismo (MAS), del cocalero Evo Morales, lanzó a unos 800 labriegos sobre la carretera que une la localidad andina de Caracollo y la ciudad de La Paz.

Morales, que intenta ejercer presión sobre el Congreso -que el martes recibirá la ley petrolera que sancionó a principios de mayo y que Mesa la observó globalmente la semana pasada- fue impedido de llegar al lugar por el corte del camino que vincula las ciudades de Cochabamba (centro) y Oruro (sur), por parte de mineros que exigen mejoras sectoriales.

Mineros cooperativizados se habían tomado varios puntos de un tramo de la principal carretera del país, también en demanda de la dimisión del mandatario, al tiempo que los sindicatos de maestros urbanos y médicos paralizaban las actividades de sus respectivos sectores por mejores retribuciones.

El viceministro de Coordinación Parlamentaria, Carlos Agreda, enfatizó que el gobernante, que carece de representación formal en el Congreso, «no piensa renunciar».

Su colega de Justicia, Carlos Alarcón, insinuó que detrás de las movilizaciones complota el partido de Sánchez de Lozada, radicado desde su caída en octubre de 2003 en Estados Unidos.

«Creemos que existen sectores de política tradicional que están rearticulando sus intereses para generar escenarios de convulsión e intranquilidad social y retornar al pasado», aguijoneó.

Un vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el diputado Luis Eduardo Siles, muy cercano a Sánchez de Lozada, dijo que Mesa «tiene los días contados» si no toma una posición respecto a la ley de hidrocarburos.

En momentos en que los cocaleros de los Yungas, unos valles agrícolas cerca de La Paz, amenazan con marchar sobre La Paz, también por la «estatización» del gas, el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, encareció que «sólo queremos que se calme todo esto».

En un intento por bajar la temperatura social, Mesa desplazó a negociadores a los puntos de bloqueo carretero, mientras sostenía una prolongada sesión con su gabinete de ministros.

En uno de los peores momentos de su administración, Mesa se aprestaba a devolver con modificaciones puntuales la ley y deberá contar con un tercio más un voto de los 157 del Congreso para imponerse y trasuntar en ley sus observaciones.

El mandatario se opone a una ley que espante la inversión extranjera y frene el desarrollo de la industria petrolera, en manos de 20 multinacionales que operan desde 1997 en este país, el más pobre y segundo reservorio de gas de Sudamérica.

Sectores sociales diversos y el MAS se oponen, por el contrario, a una ley que mantenga invariables las condiciones de explotación petrolera en el país y reclaman por la recuperación del derecho de propiedad estatal sobre los hidrocarburos bolivianos.