POR ODALIS MEJÍA
La República Dominicana debe adoptar normas más drásticas para mejorar y hacer eficiente y transparente la labor de los servidores públicos y crear sistemas de control más efectivos sobre los bienes declarados por funcionarios públicos, planteó ayer la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).

Además, sugirió fortalecer los órganos de control del Estado e integrar a la sociedad civil a la lucha contra la corrupción.

Estas recomendaciones de la CICC, con el objetivo de adecentar la administración pública y reducir los niveles de corrupción en el Estado, fueron planteadas en una reunió coordinada por Participación Ciudadana y el Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO).

En un discurso, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que para las conclusiones del informe, la CICC tomó en cuenta el comportamiento ético de los funcionarios públicos, la necesidad de un código de ética efectivo que norme la conducta de los funcionarios.

Dijo además que se plantea la necesidad de que se formen comisiones de ética en las dependencias del Estado, iniciativa que aunque se inició, no funcionó efectivamente.

Expresó que se deben regular algunas acciones de servidores del estado como por ejemplo la no aceptación de regalos y tener cuidado con la contratación de familiares de funcionarios en las oficinas públicas.

Asimismo, propuso cambios en la ley que obliga a los funcionarios públicos a hacer su declaración de bienes y con relación a la Cámara de Cuentas y la Contraloría.

Con relación a la declaración jurada de bienes, dijo que la ley debe ser efectivamente aplicada en el sentido de que no basta que los funcionarios presenten su relación de activos y pasivos, sino que sean evaluadas e investigada.

«Hay que actualizar la ley de declaración de bienes para que haya sanciones para los funcionarios que no cumpla, pues en la actualidad las sanciones son muy limitadas y prácticamente no tiene implicaciones para quienes no la emitan», señaló.

Con relación al fortalecimiento de la Cámara de Cuentas y la Controlaría, abogó porque funcionen con mayor independencia, apoyo y capacidad para llevar a cabo la funciones de contrapeso y supervisión del Estado.

Pidió que se nombre al defensor del pueblo que sería una instancia de control y fiscalización del Estado, a la vez que se promueva una mayor y más participación de la sociedad civil en los esfuerzos que hace el Estado para combatir la corrupción.

Cabreja afirmó que la falta de voluntad política en el gobierno y la incapacidad del sistema de sancionar ejemplarmente los casos de corrupción denunciados durante décadas, se constituye en el principal estímulo para que se sigan cometiendo actos de corrupción. Sin embargo, reconoció que en materia de lucha contra la corrupción se han dado importantes avances.

En tanto que Octavio Líster, director del DEPRECO, señaló que se toman acciones para combatir la corrupción administrativa entre las que citó la creación de la Comisión de Ética.