Piden pasar de las palabras a los hechos

Piden pasar de las palabras a los hechos

POR GERMAN MARTE
En la práctica, el gobierno del doctor Leonel Fernández no ha demostrado una real voluntad política para enfrentar la corrupción y hasta el momento se ha quedado en el discurso, afirmaron ayer dirigentes de varias organizaciones de la sociedad civil, que abogaron porque se le ponga término a la impunidad.

El Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), el Centro de Planificación para la Acción Ecuménica (CEPAE), el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo y el movimiento cívico Participación Ciudadana sostuvieron, en declaraciones separadas, que en materia de lucha anticorrupción el Poder Ejecutivo debería pasar de las palabras a los hechos, para que la ciudadanía recobre la confianza perdida.

«A nivel de discurso, hasta ahora, el Ejecutivo ha dicho que va a tomar medidas y que tiene una posición firme en cuanto a la lucha contra la corrupción, a nivel de discurso; pero a nivel de hechos no ha pasado de dar muchas vueltas y un poco de show de prensa, pero de ahí no ha pasado», expresó María Díaz, directora del Centro de Planificación Para la Acción Ecuménica (CEPAE).

Opinó que en cuanto a la lucha anticorrupción el país camina por el mismo sendero del pasado, y nadie es arrestado porque no se quieren conflictos.

Subrayó que el hecho de que la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad esté convocando a una concentración el próximo 26 de febrero en repudio a la corrupción y la impunidad, es una evidencia de que la sociedad civil tiene cierto recelo respecto a la actitud del gobierno frente a la corrupción.

Entretanto, el coordinador de Participación Ciudadana, Luis Scheker Ortiz, dijo que «en todos los hechos donde interviene una mano poderosa no hay sanción para el delito», y en esto incluye no sólo los hechos dolosos en el manejo de recursos públicos, sino también en lo hechos de violencia, donde también ha imperado la impunidad.

Hasta el momento -sostuvo- sólo se han escuchado pronunciamientos aislados del Procurador General de la República, específicamente sobre el caso PEME cuando advirtió que nadie estaba a salvo si había cometido delitos y si tenía responsabilidad sancionada por los códigos Procesal y Penal, «desearía que la cruzada contra la impunidad fuera de todo el gobierno y de todo el país, pues de la impunidad es que nace todo genero de violaciones y transgresiones, pues donde no hay sanción, lo que hay es gratificación».

Añadió que el nombramiento en el tren gubernamental de al menos tres de los implicados en el caso PEME es una muestra de la contradicción existente entre el discurso político y los hechos políticos que muchas veces desmienten las palabras.

Scheker Ortiz adujo que en determinadas instancias del gobierno existe la voluntad de que los casos de corrupción sean encausados y los culpables enjuiciados y condenados, pero por otro lado «hay un manto protector que parece que quiere negar el poder de la justicia».

Manifestó que corresponde a la Justicia agilizar el conocimiento de los casos de corrupción, para que vuelva la confianza y la tranquilidad a la ciudadanía.

Catalina Pirón, vocera de COPADEBA, declaró que por el momento no observa que haya ninguna voluntad especial del gobierno para enfrentar la corrupción.

Puso de ejemplo los fraudes bancarios, y señaló que no se ha producido ninguna disposición para apresar a los responsables y expropiarle los bienes con lo cual podría incrementarse la inversión en educación y salud.

Indicó que si bien el enjuiciamiento a los implicados en actos de corrupción es algo que compete a la Justicia, es indispensable que haya una voluntad política «desde arriba» para que funcione.

La vocera de COPADEBA manifestó que hasta el momento la historia ha sido que se hace un escándalo, un «boom» y luego todo se queda así porque supuestamente no se encuentran las pruebas, quizás hay un fallo a su favor, o se dura un tiempo un tiempo rebuscando papeles, pero al final, el resultado es que esa gente queda fuera siendo personas «respetables», mientras la ciudadanía paga las consecuencias de esos actos de delincuencia.

Señaló que el hecho de que este gobierno tenga como funcionario a tres de los implicados en el caso PEME, un fraude con el que se afectó al Estado con más de RD$1,400 millones es una muestra de que no hay voluntad de sancionar a nadie.

A su vez, Ricardo González, coordinador de Proyectos del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, resaltó que hasta ahora lo más sobresaliente en materia de lucha anticorrupción ha sido los golpes que se le han dado al narcotráfico, «pero habría que ver a donde van a terminar esos casos. En la historia de la justicia dominicana, no hay una persona procesada por droga que haya cumplido su condena».

Consideró que la impunidad que históricamente se ha impuesto en el país hace pensar que es muy difícil que se vaya a condenar a alguien, a pesar de que el gobierno «está cuidándose la espalda procesando los casos que tiene que procesar» y ese aspecto -dijo- está cumpliendo con su papel, pero todavía hay muchas debilidades en el sistema judicial para garantizar que realmente haya justicia en los casos de corrupción y en el cualquier otro caso».

Sin embargo, González expresó su confianza en la persona del Procurador General Francisco Domínguez Brito.

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