POR ANSELMO SILVERIO Y MANUEL ESPINOSA ROSARIO 
La Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) y productores agropecuarios de San Juan de la Maguana advirtieron a las autoridades que la persecución contra los ilegales haitianos está afectando la cosecha arrocera y otras labores agropecuarias.

Victorio Valerio, asesor y ex presidente de la FENARROZ, dijo ayer que hay escasez de mano de obra por causa de las repatriaciones de los haitianos en las últimas semanas, lo que está  perjudicando la cosecha arrocera y de otros productos agrícolas, así como la crianza de ganados en el Cibao y la Línea Noroeste.

En tanto, en San Juan de la Maguana productores agrícolas protestaron por las amenazas del director de Migración, Carlos Amarante Baret de multar a quienes utilicen mano de obra extranjera ilegal.

Plantearon que emplear a los haitianos en labores agrícolas es un «mal necesario» y afirmaron que no los emplearían si las autoridades les garantizan mano de obra dominicana en el momento que la necesiten y al precio que establecen las leyes.

FLEXIBILIDAD

Valerio pidió al gobierno flexibilidad porque «necesitamos de haitianos para hacer las cosechas, especialmente lo que respecta a la parte del arroz».

Indicó que en este momento se está al final de la cosecha y usan menos manos de obra, pero que en la medida que avance la próxima cosecha de invierno necesitarán más trabajadores agrícolas.

De mantenerse la medida, dijo, tendrían muchos problemas. «Seguimos esperanzados de que el Estado dominicano resuelva el problema de la emigración haitiana por esta vía le solicitamos encarecidamente al gobierno que se traten de regularizar la situación, pero que entienda que la falta de esa mano de obra encarecería nuestros costos y eso obviamente, en la medida que se encarezca el costo de producción también al final va a ser transferido a los consumidores», precisó.

PERO NO LOS HAY

Manuel y Víctor Matos Pérez, productores agropecuarios de San Juan de la Maguana, dijeron que ningún productor prefiere emplear a los haitianos, que los emplean aún cuando saben que están violando las leyes dominicanas, pero que lo hacen por necesidad, ya que pocos dominicanos quieren trabajar en labores agrícolas.

Los hermanos Matos Pérez negaron que empleen a los haitianos para pagar salarios más bajos ya que pagan lo mismo a los dominicanos por la jornada de ocho horas.

Afirmaron que la ventaja que tienen con los haitianos es que en la mayoría de los casos trabajan mediante el sistema de «ajuste» y viven en las fincas o en sus alrededores por lo que dedican al trabajo más tiempo.

Productores locales manifestaron su disposición de llegar a acuerdos con las autoridades para pagar por los carnés de identificación de los obreros haitianos que utilicen en cada período de siembra y recolección, así como asumir la repatriación.

IGUAL QUE MOTOCONCHO

Compararon el uso de mano de obra haitiana con el motoconcho. «Como el motoconcho, que se ha convertido en un mal necesario con un fuerte componente económico y social, también el uso de la mano de obra haitiana en las plantaciones agrícolas es irreversible o de lo contrario desaparecemos, porque aún mecanizando en 80% la producción agrícola, tendremos que recurrir a ellos aunque en menor cantidad», indicaron.

En el valle hay decenas de miles de tareas bajo riego, hay miles de haitianos diseminados y aunque las autoridades militares los apresan y repatrien, retornarán pocos días después, indicaron.

Se indicó en la zona que la captura de los ilegales es obstaculizada por la protección que brindan los empleadores, muchos de los cuales al término de cada jornada, los dejan durmiendo en las enramadas, encerrados con candados, simulando que allí no hay nadie.

En la gobernación provincial, en el gobierno de Hipólito Mejía, las autoridades de Migración instalaron una oficina para que los productores agropecuarios dieran identificación a los haitianos que utilizarían en las labores agrícolas. Cada cané costaba RD$500, pero muy pocos productores lo hicieron.

DEPORTACIONES

Las deportaciones masivas de haitianos se iniciaron a raíz del asesinato de la señora Maritza Núñez durante un atraco que le hicieron tres haitianos. En el asalto en Hatillo Palma, Monte Cristi, fue herido el esposo de Núñez.

Tras el asesinato hubo un levantamiento de la población contra los haitianos y las autoridades de Migración decidieron deportarlos para prevenir los linchamientos.

La semana pasada, Carlos Amarante Baret, director de Migración, advirtió a los productores agropecuarios y a los empresarios que serían acusados ante los tribunales por utilizar haitianos indocumentados.