Los padres de Geraldine Sánchez, la joven asesinada de un balazo por su expareja Martín Batista, pidieron ayer al procurador general Jean Rodríguez disponer que el condenado sea retornado a la cárcel del 15 de Azua, de donde afirman, lo sacaron sin notificarlo a las autoridades para llevarlo a una “zona de confort” a la Fortaleza de Baní.
Evangelista Valdera y Elpidio Sánchez, junto a su abogada Zaida Carrasco, dicen temer que lo que se busque con ese traslado sea facilitar la fuga de Batista.
La ausencia del condenado y de su abogada obligó ayer a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a aplazar para el 6 de enero próximo el conocimiento de un recurso mediante el cual Batista procura le sea rebajada la pena de 30 años de prisión que le fue impuesta.
De acuerdo con la abogada de la víctima, el condenado no fue llevado a la audiencia porque supuestamente se desconocía la cárcel donde estaba.
Explicó que hace dos semanas Batista provocó una trifulca en la cárcel del 15 de Azua “porque él, como abogado, sabe que por mal comportamiento hay que trasladarlo, y así logró que lo sacaran de allí, pero la Dirección de Prisiones no lo notificó como está consagrado en la normativa”, dijo la abogada.
Agregó que es por eso que acudieron a la PGR a pedirle “que retorne inmediatamente a Martín Batista Ogando, quien asesinó a Geraldine Sánchez a mansalva, a sangre fría, a la cárcel pública del 15 de Azua donde debe cumplir la totalidad de su condena de 30 años”.
La joven de 28 años de edad y quien dejó a un niño en la orfandad, fue ultimada de un balazo en la cabeza que le hizo Batista.
El hecho ocurrió el 24 de noviembre del 2017 en el sector Galá de esta capital, frente a la empresa donde la víctima trabajaba, cuando el victimario le pidió que saliera que quería hablarle.