Chicago (EE.UU.), (EFE).- Un grupo pro inmigrante pidió hoy al Gobierno federal que realice una campaña informativa para evitar abusos con los cambios anunciados en los procedimientos para deportar indocumentados que no hayan cometido delitos graves.

En un comunicado, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (Nalacc) dijo que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revisar «caso por caso» la deportación de 300.000 indocumentados demuestra que el presidente Barack Obama tiene «poder discrecional» para ayudar a los inmigrantes. «Pero ahora es urgente que el Gobierno realice una campaña educativa para informar al público sobre el alcance de esos cambios», agregó.

Juvencio Rocha Peralta, presidente de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte y vicepresidente de la alianza, dijo en el comunicado que anuncios de este tipo «tienden a ser aprovechados por personas inescrupulosas para confundir y explotar a inmigrantes desesperados».

 La alianza exhortó al Departamento de Justicia que aplique todo el peso de la ley «a cualquier persona que se aproveche de las comunidades inmigrantes». Según el anuncio del DHS, un Grupo de Trabajo revisará los 300.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración para centrarse en los criminales y suspender la expulsión de indocumentados que no representen un peligro para la seguridad pública.

En el comunicado la alianza afirma que los inmigrantes cuya única infracción legal haya sido residir, trabajar y pagar impuestos en los Estados Unidos sin una visa, podrían permanecer en este país. Oscar Chacón, director ejecutivo de Nalacc, dijo que los anuncios son positivos «pero apenas un pequeño paso de los muchos necesarios» en el tema migratorio.

Insistió en que Obama utilice sus poderes ejecutivos para poner fin al polémico programa Comunidades Seguras. «El uso de los escasos recursos disponibles para hacer cumplir leyes obsoletas, inhumanas y derrochadoras perjudica a los contribuyentes», agregó. EFE