Piden que se termine con la ilegalidad del fondo pensiones de la construcción

Piden que se termine con la ilegalidad del fondo pensiones de la construcción

POR ALEIDA PLASENCIA
Directivos de la Asociación Dominicana de Constructores de Viviendas (ACOPROVI) abogaron porque se termine con la ilegalidad de mantener el «Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción», en violación a la ley de la reforma de seguridad social y sin que los recursos de éste beneficien a quienes laboran en el sector.

José Rodríguez Cáceres, presidente de ACOPROVI, entrevistado en el encuentro económico de Hoy, abogó porque la Ley 6-86 que creó el Fondo sea derogada y que los obreros de este sector tributen para sus pensiones, a través de la legislación 87-01, sobre Seguridad Social.

Sostuvo que esta institución tiene el compromiso de defender a los trabajadores y que actuará en su defensa hasta conseguir que éstos puedan disfrutar de pensiones y que nadie distraiga los fondos que les corresponden.

Nadie conoce cómo se manejan los recursos del «Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción», según Rodríguez Cáceres, entrevistado junto a Ramón Elías Hidalgo, presidente de la empresa constructora COHISA; Bienvenido Paulino, Jaime González y Leonardo López (estos tres últimos, directivos de ACOPROVI).

Tanto Rodríguez Cáceres como González recordaron que el «Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción», de acuerdo a lo establecido al respecto en la Ley de Seguridad Social, debió eliminarse o convertirse en una administradora de Fondos de Pensiones (AFP), pero que nada de esto ha ocurrido. El ingeniero Hidalgo, al Intervenir, sostuvo que por la razón antes señalada, el Fondo en cuestión cayó en la ilegalidad.

Dijo que mientras la Ley de Seguridad Social establece la libre elección en el sentido de que el trabajador debe afiliarse a la AFP que desee, quienes dirigen este Fondo obligan a que, sin los trabajadores de la construcción pertenecer a éste, los patronos tributen en favor del mismo, lo que entiende contradice la Ley 87-0, sobre Seguridad Social.

«Los promotores no entendemos cómo se permite que este tipo de institución (el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción), que ya cayó en la ilegalidad, se mantenga vigente», sostuvo el ingeniero Hidalgo.

Los directivos de este Fondo cobran al constructor el 1% del total de la obra de que se trate, resaltó González, al intervenir.

Rodríguez Cáceres, a su vez, ante una pregunta de uno de los periodistas del encuentro económico, dijo que el que preside el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción es el secretario de Trabajo.

Dijo que la posición de ACOPROVI es de que aunque los patronos tengan que pagar más, los trabajadores estén afiliados a una AFP a través de la Ley 87-01, de Seguridad Social, de manera que éstos puedan gozar de pensiones adecuadas.

Manifestaron que el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción estaría manejando alrededor de RD$300 millones anuales y que nunca le han rendido cuenta a nadie.

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