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SANTIAGO. Los abogados de los ahorrantes perjudicados tras la quiebra del Banco Universal, propiedad de Leonel Almonte Vásquez, quien cumple una pena de 15 años de prisión, pidieron al Juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, rechazar la instancia de solicitud de prisión domiciliaria para el empresario banquero, debido a que el régimen especial al que se acoge el recluso por cumplir 70 años de edad, no es automático.
Pompilio Ulloa, Ricardo Díaz y Ángel Moneró, dijeron que el ex banquero Almonte Vásquez apoderó al juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial San Cristóbal, de una instancia de solicitud de prisión domiciliaria y que mediante auto No.667-2012, del día 6 de este mes, el Magistrado José Ignacio Medrano Queliz, fijó la audiencia para el próximo viernes 29, a las 9:00 de la mañana. El propósito de la audiencia es conocer el pedido sometido por el recluso.
Los representantes legales de Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reynilda del Carmen Rodríguez, manifestaron que la excarcelación es para aplicarla a reclusos en condiciones especiales, pero no es automática en las condiciones que presenta Almonte Vásquez, quien se encuentra en la cárcel de Najayo Hombre, de San Cristóbal, desde agosto de 2010.
Los juristas explicaron el artículo 342 del Código Procesal Penal, establece un régimen especial para quienes sobrepasen la edad de 70 años, padezcan de una enfermedad termina, estado de demencia, mujeres embarazadas o en lactancia, así como para quienes tengan adición a las drogas o al alcohol.
«A Almonte Vázquez se le ocupó cantidades de sustancias prohibidas y varios litros de whisky, que había logrado entrar de contrabando a la cárcel de Najayo. Esa situación ocasionó un escándalo en la prensa y en ocasión ordenada una investigación por las autoridades correspondientes, que involucró a dicho recluso», dijo Elloa.
El exbanquero Almonte Vásquez fue condenado a 15 años de reclusión mayor por sentencia No.180-TS-2009, el 6 de junio de 2009, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Además de la condena penal, el recluso fue condenado a la restitución en favor de las víctimas, de US$84 millones y RD$100 millones.
El proceso seguido a Almonte Vásquez se inició en Santiago en 1992, siendo el mismo declinado, a petición del recluso, primero, ante el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y posteriormente, a San Juan de la Maguana.
