POR ODALIS MEJIA
Los equipos ambientales de la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) demandaron de la Secretaría de Medio Ambiente una resolución complementaria que obligue a las empresas que han destruido la cuenca baja del río Nizao a reparar los graves daños que han provocado con la apertura de grandes y profundas lagunas.

Afirmaron que en materia ambiental se establece que quien provoca un daño está obligado a repararlo.

En rueda de prensa los directivos de ambas entidades y representantes del movimiento ambientalista dominicano pidieron a las autoridades no dejarse intimidar ni presionar por las empresas productoras de agregados bajo el alegato de que con el cese de sus operaciones en los ríos, los materiales de construcción aumentarían de precio, lo cual no es cierto.

Consideraron que la resolución 16/2007 de Medio Ambiente, que ordena el cese definitivo de las extracciones de agregados en los ríos, es la medida más transcendental adoptada a favor de la protección del medio ambiente, ya que la disminución de los caudales de los ríos ha permitido que las autoridades confirmen lo que han estado advirtiendo por décadas sobre una escasez cada vez mayor del agua.

En la rueda de prensa participaron los vicerrectores Franklin García Fermín, Alejandro Pichardo, Gertrudis Beltrán, el presidente de la Academia de Ciencias, Nelson Moreno Ceballos, el geólogo Osiris de León y los ambientalistas Eleuterio Martínez, Luis Carvajal y Felicita Heredia.

De León dijo que las empresas productoras de agregados se han instalado en los cauces de los ríos porque la materia prima es gratis y la única actividad es recoger el agregado, triturarlo tamizarlo y venderlo.

Aseguró que el costo de producción oscila entre 50 y 60 pesos por metro cúbico y el precio de venta es de 500 y 600 pesos, lo que evidencia un amplio y abusivo margen de intermediación. Dijo que por tanto cualquier pequeño incremento en el costo tiene que ser asumido por la empresa productora, nunca por el consumidor final.

Señaló que en el país existen suficientes canteras secas, sobre todo en la parte este, donde ya existen varias empresas operando de manera exitosa.

La secretaría de Medio Ambiente ha dicho que en el país operan 28 granceras, once de las cuales están en la zona de Nizao.

Dijo que el poder económico de las empresas de agregados y de construcción, concientes de que ellos aportan el 18% del PIB, unos 2,500 millones de pesos al año, intimidaban a los gobiernos porque cualquier gobierno que recibe la noticia de que se va paralizar el sector construcción, cede ante la presión.

Confió en que la medida se cumpla fielmente porque los graves daños en los ríos Nizao, Yubazo, Haina, Nigua, Chavón, Yaque del Norte, Yuna, Chavón, entre otros, son más que suficientes para entender que las corrientes pluviales se están disminuyendo de forma dramática y que está reduciendo los caudales que llegan a los acueductos.

Indicó que en el caso del Nigua y Yubazo ya no son recuperables porque allí se construyeron lagunas de unos 300 metros de diámetro y hasta 14 metros de profundidad, por lo que reponer esa área costaría más dinero de un presupuesto de la nación de un año. Sugirió que Medio Ambiente debe obligar a las empresas que en la medida de lo posible recuperen algunas zonas.

En cuanto al río Haina explicó que este ha bajado dramáticamente su caudal y en el caso del acueducto de Valdesia de seis metros cúbicos por segundo que aportaba, no está llegando a los cinco metros. Señaló que ante esta situación son las autoridades, además del sector ambiental, las que están ahora muy preocupada por lo serio del asunto.

De León advirtió que de continuar esta situación entre 15 a 20 años no habría agua en el país, como parte del deterioro de las fuentes de producción y que en la actualidad se ha demostrado con la escasez del líquido en las comunidades pobres, lo que llevará a que la gente proteste por el justo derecho al agua.

Mientras que Luis Carvajal señaló que los agregados de canteras secas compiten en calidad y precios con los agregados extraídos en los ríos y cumplen con todas las normativas para hormigones hidráulicos y asfálticos, por lo que las granceras deben desplazarse en lo inmediato tal como se comprometieron en los años 1971,1986 y 2000.

Indicó que si la media cuenta con el respaldo social suficiente podrá contrarrestar cualquier acción que venga de un sector que, en aras de seguir manteniendo grandes beneficios, puede alegar que va a perder estabilidad y puede prestarse a boicotear grandes obras, proyectos inversiones del Estado y el sector privado.

Citó que el mayor problema más de la cantidad de granceras que operan en el país, es la intensidad de explotación que llevan en las fuentes de producción de agua.