NUEVA YORK. AP. Líderes religiosos, activistas y el periodista José Antonio Vargas, que sorprendió al país al admitir que no tiene papeles, pidieron ayer  al Congreso que apruebe una ley que regularizaría el estatus migratorio de millones de jóvenes.  

Los grupos anunciaron que impulsarán un movimiento nacional para defender los derechos de jóvenes inmigrantes que fueron traídos por sus padres al país de forma ilegal cuando eran niños.

“Hay jóvenes que podrían estar trabajando como abogados, doctores, ingenieros y, en lugar, de eso, viven una especie de vida en la clandestinidad”, dijo Vargas, que nació en Filipinas y ganó un premio Pulitzer por artículos escritos para el diario Washington Post. El reportero admitió recientemente no tener autorización para residir en Estados Unidos. 

Los activistas organizaron una rueda de prensa el jueves para impulsar la aprobación del Dream Act, una propuesta de ley que permitiría regularizar el estatus migratorio de quienes ingresaron ilegalmente al país antes de los 15 años y cursaron estudios universitarios o se enlistaron en las fuerzas armadas.  

Según el Migration Policy Institute, una organización independiente que estudia el fenómeno migratorio, 2,1 millones de jóvenes podrían beneficiarse de aprobarse esta propuesta.  

“Este proyecto de ley me permitiría salir de las sombras y proseguir con mi vida”, dijo Carlos Vargas, un joven de 27 años que llegó a Estados Unidos ilegalmente desde México cuando tenía cinco.   Vargas se acaba de graduar con honores en la facultad de derecho de St. Francis College pero no podrá ejercer de abogado, aseguró.

El joven tuvo que mantener dos empleos mientras estudiaba porque se le negó ayuda financiera debido a estatus migratorio, explicó.

EU deportó 392,862 personas en 2010

Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York o la Red Interreligiosa del Estado de Nueva York Para Una Reforma Migratoria señalaron que harán campaña para apoyar el Dream Act introducido por el senador Richard Durbin este verano.   El gobierno estadounidense deportó durante el año fiscal 2010 una cifra récord de 392,862 personas. Recientemente anunció que suspendería los procesos de deportación abiertos contra jóvenes que cumplirían los requisitos del Dream Act si éste fuera aprobado.  

Aún así, muchos inmigrantes que no están en proceso de deportación siguen afectados por las leyes migratorias actuales, dijeron el jueves los activistas.   Luis Martínez, portavoz de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), respondió que el gobierno prioriza sus recursos para enfocarse en la deportación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad pública. 

“La agencia ha emitido directrices para que sus agentes y abogados tengan la autoridad de ejercer su criterio en los casos en que sea apropiado”, indicó el vocero.   Más de la mitad de los inmigrantes deportados en 2010 fueron criminales que había sido condenados a una pena, indicó.