POR GERMAN MARTE
El coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes dijo ayer que en lugar de multar a los empresarios que contraten a trabajadores haitianos ilegales, las autoridades deben disponerse primero a regularizar la inmigración de extranjeros. Asimismo, el sacerdote José Núñez resaltó que en el país hay varios sectores de la economía que dependen, en cierta medida, de la mano de obra haitiana.

Alegó que si se va a multar a todo el que contrate haitianos sin documentos, habría que penalizar, incluso, a las propias autoridades, que en muchos casos contratan esos trabajadores para hacer sus obras.

«En vez de multar, lo que tienen que ver es la mano de obra que necesitamos en el país», sostuvo el religioso.

En segundo lugar, añadió, debe determinarse cómo se va a regular el proceso de contratación y cómo se va a traer la mano de obra haitiana al país, «porque hay un hecho: necesitamos esa mano de obra».

Favoreció que la República Dominicana regule la mano de obra extranjera, pero subrayó que no se debe actuar sólo contra los haitianos.

«Aquí hay manos de obra italiana que no está regularizada. Hay alemana. La ley debe correr igual para todo el mundo, para ser justos ante la comunidad internacional», dijo el religioso.

Sostuvo que en el país existe una doble moral respecto a los inmigrantes haitianos, «por un lado los repatriamos en el momento que no los necesitamos, y por el otro, los llamamos».

Destacó que las fincas agroindustriales de la frontera no pueden vegetar sin la mano de obra haitiana, si quieren ser competitivas.

Igual ocurre, añadió el sacerdote, en el sector de la construcción, donde los empresarios se han acostumbrado a una mano de obra muy barata «y en caso de que se quiera repatriar a todos los haitianos y sustituirlos por una mano de obra nacional, se podría incrementar el costo de la construcción dos tercio más».

Dijo que si el país está dispuesto a asumir el incremento en los costos, entonces que siga con las repatriaciones de haitianos ilegales.

Recordó que en la pasada gestión de Leonel Fernández, el entonces secretario de Obras Públicas, Diandino Peña, pidió detener las deportaciones de haitianos para que los megaproyectos que construía el gobierno no se paralizaran.

Recalcó que parte de los trabajos que se hicieron hace tres o cuatro años en el auditorio de la Cancillería, se empleó mano de obra haitiana indocumentada.

El director de Migración, Carlos Amarante Baret advirtió el pasado jueves que el gobierno multará a los empresarios que insistan en emplear haitianos indocumentados.

El funcionario alegó que la inmigración irregular desde Haití hacia República Dominicana presiona el mercado laboral en perjuicio de los trabajadores dominicanos.