CARACAS.  AFP.  La ONU, la Iglesia venezolana y ONG locales reclamaron ayer al gobierno que investigue y sancione a los responsables de la tragedia en la cárcel de Uribana (noroeste), donde un motín dejó 58 muertos, y alertaron sobre la violencia y hacinamiento en el sistema penitenciario.  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) instó al gobierno a investigar lo sucedido el pasado viernes, afirmando que el motín «refleja un patrón alarmante de violencia en las cárceles venezolanas», que es «consecuencia directa de sus malas condiciones».   Los detenidos «están bajo custodia del Estado y, por lo tanto, las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de lo que les sucede», subrayó el portavoz de la OACDH, Rupert Colville.  

Los presos sufren de hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, presencia generalizada de armas en las prisiones y sus condiciones «se agravan por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la detención preventiva», enumeró Colville.   El vice  Nicolás Maduro reiteró ayer que el gobierno ordenó al Parlamento y al Ministerio Público investigar.