POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico Participación Ciudadana consideraron ayer que deben ser sancionados –y si es preciso destituidos- aquellos funcionarios que se niegan a hacer sus declaraciones juradas de bienes.

Paulo Herrera Maluf y  Servio Tulio Castaños Guzmán calificaron como grave que a pesar de que la ley 82-79 obliga a los funcionarios a declarar sus bienes antes y después de asumir un cargo, muchos se resistan.

 Estimaron que con su actitud los funcionarios públicos,  además de violar la ley, le faltan el respeto al Presidente de la República que tuvo la delicadeza de darles un plazo de 30 días para que cumplieran.

En declaraciones separadas, el coordinador de Participación Ciudadana, Paulo Herrera Maluf, y el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestaron que el Estado está en deber de aplicar todo el peso de la ley a aquellos funcionarios que no han cumplido con hacer la declaración jurada de bienes.

Castaños Guzmán pidió que se publiquen los nombres de los funcionarios que todavía no han hecho su declaración jurada de bienes, “para que la sociedad dominicana sepa quiénes son los que no cumplen la ley, y ya que no se les ha sancionado desde el Estado, entonces que sea la sociedad la que los sancione”.

Mientras que Herrera Maluf dijo que el desafío a la ley 82-79 da pie a que se piense “lo que sea” de quienes se niegan a declarar lo que tienen.

“La ley debe cumplirse y si no se cumple, debe haber sanciones. Las sanciones establecidas por la ley deben aplicarse”, añadió el vocero de PC.

Hasta ayer, por lo menos 437 funcionarios del gobierno, 83 fiscales y síndicos y 169 legisladores no habían presentado su declaración jurada.

Herrera Maluf dijo que los funcionarios públicos y los legisladores deberían dar el ejemplo de apego a la ley, y abogó porque en el futuro se establezcan sanciones más severas para quienes desafían a la ley al no hacer sus declaraciones de bienes.

Manifestó que si bien la declaración de bienes no es ninguna garantía de que determinado funcionario no vaya a robar, de acuerdo con el espíritu de la ley, lo que se quiere es que den una muestra de transparencia y que muestren su disposición a transparentar lo que tienen antes y después de pasar por una posición pública.

MUESTRA DE DEBILIDAD

Para el vocero de la Finjus, la actitud de los más de 430 funcionarios que se niegan a declarar sus bienes es una muestra de que en el país existe una seguridad jurídica débil. Castaños Guzmán consideró sorprendente que aún existiendo esa disposición legal, y habiendo tenido el Presidente de la República la delicadeza de emitir un decreto para que los funcionarios cumplieran con su responsabilidad, estos todavía no le hayan correspondido.

“Da la impresión de que estamos frente a un Estado que está perdiendo su autoridad”, expresó Castaños Guzmán al ser consultado por este diario.

Reiteró que los funcionarios que no han declarado sus bienes, además de violar la ley, le están faltando el respeto al Presidente que tuvo la delicadeza de darles 30 días extras.

“Yo creo que habría que proceder en consecuencia. Hay quienes incluso plantean la destitución, y si para que se cumpla la ley eso es lo que hay que hacer en esta ocasión, pues que se destituya a toda esa gente”.

Castaños Guzmán consideró que ese tipo de espectáculo disminuye la figura presidencial y atenta contra el propio Estado.

Recordó que las sanciones para quienes violenten la ley de declaración jurada van desde la amonestación hasta la destitución.