POR LEONORA RAMÍREZ S.
Las instituciones que participaron en la “Caminata contra la impunidad y la corrupción” esperan que los jueces que conocen los casos calificados de fraudes bancarios emitan sus fallos con apego al debido proceso, al derecho y a la justicia, y que sean ejemplares las sentencias de los que resulten responsables.

Esa posición, fijada en un manifiesto que se leyó frente a la casa del prócer Juan Pablo Duarte, plantea además la preocupación de los organizadores por los efectos económicos y sociales  de las quiebras bancarias calificadas de fraudulentas que se produjeron en el 2003, y que sumieron en la pobreza a un millón y medio de personas.

“Al sistema de justicia dominicano han ingresado 250 expedientes sobre casos de corrupción en los últimos 25 años, y de ese número sólo ocho han tenido una sentencia definitiva y apenas tres personas han sido condenadas por los tribunales.

“Dentro de ese proceso están en curso los procesos relacionados con las quiebras fraudulentas de tres bancos” con consecuencias económicas  para el pueblo.

Dijeron que la deuda causada por las quiebras  el pueblo la  estará pagando durante los próximos 20 años.

En ese sentido, las entidades convocantes asumen como responsabilidad y obligación, impedir que sean borrados de la memoria colectiva los hechos y los responsables de estas graves violaciones a la Ley, para romper con la cultura de la impunidad que daña la democracia dominicana.

El Banco Intercontinental (BANINTER), del Banco Mercantil y el Banco Nacional del Crédito (BANCREDITO)  realizaron alegadas operaciones fraudulentas que se detectaron en el 2003, por cuya causa sus ejecutivos están sometidos a la justicia.

La multitudinaria marcha, que se inició en la Plaza España, en la Zona Colonial, y concluyó en el Parque Independencia con una ofrenda floral a los padres de la patria, la coordinaron Dominicanos por la Integridad, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, el Consejo de Organizaciones de la Región Oriental (CORO), La Iglesia de Dios, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Asimismo, el Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Centro Juan XXIII, entre otras.

OTRAS DEMANDAS

Las entidades también reclamaron de la Suprema Corte de Justicia el conocimiento y dictamen del recurso de casación interpuesto con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que su aplicación está indefinida.

La preocupación de los organizadores se extendió hacia los partidos políticos, ya que estos ocupan el último lugar de credibilidad entre las instituciones que luchan contra la corrupción, tal y como aparece en el Estudio del Costo de la Corrupción para los Hogares de la República Dominicana.

“La preocupación también se extiende hasta la problemática de las opciones electorales y la transparencia en el financiamiento de las campañas de los partidos políticos con fondos del presupuesto nacional”.

Sin embargo, para las entidades que coordinaron la marcha en contra de la corrupción no todo es negativo, pues destacaron como hechos optimistas la aprobación de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, que consagra vías de participación para la sociedad civil.

Igualmente, porque el referido estudio del costo de la corrupción sienta las bases para que las autoridades públicas y el sector privado adopten las medidas pertinentes para erradicar las demoras que posibilitan el “macuteo” en los servicios públicos.