POR ODALIS MEJIA
La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad (CTI) y Foro Ciudadano solicitaron a la Suprema Corte de Justicia  fallar el recurso de casación relativo a la sentencia de amparo a favor del periodista Hichi Lora y que ordenó a  la  Oficina para el Reordenamiento del Transporte Público (OPRET)   entregar los documentos sobre la construcción del Metro.

Al criticar que el máximo tribunal no haya fallado, las entidades apuntaron  que el amparo es una medida constitucional y que existe una Ley de Amparo, de noviembre del 2006, que establece un plazo de 16 días como máximo, entre el momento de la denuncia y el de la sentencia de los jueces.

Por tanto, pidieron que el recurso de casación sobre una sentencia de amparo se someta a la brevedad de los plazos establecidos, para que no se desnaturalice la sencillez y rapidez que  dan sentido, al tiempo que se garantiza el derecho de defensa de todas las partes en conflicto.

En nota de prensa, ambas entidades recuerdan que el 27 de abril del 2007, el tribunal  Contencioso y Administrativo dictó una sentencia en la que se ordenaba al director de la OPRET, Diandino Peña, entregar a Lora copias de estudios y planos aprobados por Obras Públicas.

Señalan que con la dilación, se destrozada la aspiración de la inmediatez del amparo queda destrozada y con ella se destruye el derecho de defensa de Huchi Lora.

“Con eso, la justicia pronta y expedita se convierte en una ficción y la tardanza en el fallo se convierte en denegación de justicia, no sólo para quien la solicitó, sino para todos los dominicanos, ya que lo que se está negando es el derecho a la información pública  sobre una obra valorada en 60,000 millones de pesos”, expresan.

Dijeron que la propia Suprema  Corte ha admitido que algunos recursos en casación han esperado casi 16 años por un fallo, al señalar que esta situación de espera se agrava más cuando el Ministerio Público se pone a estudiar el expediente con el fin de recomendar  si procede o no la suspensión de la sentencia cuya casación se ha solicitado.

Agregaron que durante esa fase de estudio, en la cual se encuentra el caso en cuestión, el expediente queda secuestrado por el Ministerio Público, “envuelto en el secreto durante un tiempo que puede ser largo y durante el cual no se permite que los ciudadanos  accedan a el”.

Apuntan que paradójicamente, mientras los trabajos del metro avanzan sin transparencia, el derecho de los ciudadanos a la información pública se encuentra estancado.

Pusieron como ejemplo que en otros países como Chile, la construcción y  funcionamiento del metro se rigen por normas jurídicas que regulan los estudios previos y presupuesto, hasta el régimen laboral de sus empleados.