Santiago.-  El Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) exigió este lunes a las autoridades judiciales la suspensión y cancelación del juez que desestimó una medida de coerción contra el asesino de una mujer en una cabaña de esta ciudad el pasado viernes.

Un día después de que Pedro Luis Báez Sánchez asesinó a su ex pareja Gleiry María Muñoz Báez, madre de tres hijos, la fiscalía de este municipio solicitó un año de presión preventiva para el acusado, pero el juez de Atención Permanente, Gabriel Marchena, consideró que el caso no era tan grave como para dejarlo en prisión.

Marchena impuso una fianza de un millón y medio de pesos, impedimento de salida y presentación periódica una vez por semana por ante el departamento de Violencias Físicas.

Esta decisión ha causado un enorme disgusto entre las miembros de MOVIDA y la fiscal de este Distrito Judicial, Yeni Verenice Reynoso, quien dijo que no acatará la decisión del juez de dejar en libertad a Báez Sánchez.

“Yo soy fiscal y dirijo fiscales, no tengo ningún poder de dirección sobre los jueces, pero ciertamente no es la primera vez que con ese juez se presentan cuestiones de esa naturaleza, en que él entiende que no es un delito que merezca una prisión preventiva”, expresó Reynoso.

Consideró que este caso se trató de un asesinato, pero que de una “forma alegre e irresponsable” se dispone a menos de 48 horas del apresamiento, la libertad del asesino, aun cuando se tienen documentos de que hubo amenazas por parte del asesino a la víctima.

La magistrado declaró que en más de siete ocasiones, Marchena pone en libertad a los acusados, algunos envueltos en situaciones de narcotráficos y otros casos graves.

La abogada  y  feminista Susi Pola, quien sirvió de vocero de MOVIDA, dijo que si Marchena no considera que este es un caso grave, debe ser suspendido y si la situación lo amerita, cancelado, por la ligereza en que ha actuado en la muerte de Muñoz Báez.

“Estamos apoyando a la fiscalía que está en rebelión de no aprobar la sentencia, porque la medida de coerción aplicada a personas imputadas por feminicidio, deber necesariamente de privación de libertad”, expresó Pola.

Dijo que las mujeres están realmente asustadas, porque “no tenemos protección del lado de la justicia. Los jueces y las juezas tienen que fajarse a estudiar este fenómeno, porque es imposible que no lo tomen como un asesinato premeditado”.

En el sector La Herradura sucedió otro caso en que fue ultimada la joven Leybi Altagracia Rodríguez, de 17 años, embarazada de mellizos, cuyo verdugo, según denunció el padre de la víctima Emérito Rodríguez, fue puesto en libertad por un juez, tan sólo dos meses de haber sido apresado.

Las organizaciones que componen el Movimiento Vida sin Violencia son Núcleo de Apoyo a la Mujer, Profamilia, Mujer Iglesia, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Oficina Provincial de la Mujer, Ministerio de la Mujer y Acción Callejera.

La entidad realizó este lunes una protesta frente al Palacio Judicial de aquí en demanda de que el caso sea revisado y para ofrecer apoyo a la fiscalía.