POR UBALDO GUZMAN MOLINA
La Iglesia Católica debe trasladar al obispo de San Pedro de Macorís, monseñor Francisco Ozoria, y al sacerdote Christopher Hartley, antes de que acaben de destruirla, solicitaron ayer miles de ciudadanos de esa provincia.

En una carta pública dirigida al nuncio apostólico, Timothy Broglio y al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que aparece en espacio pagado en esta edición, los petromacorisanos creen que es obvia la inaccesibilidad, falta de integración y arrogancia demostrada por Ozoria a esa comunidad. Señalan que el obispo abandonó la catedral San Pedro Apóstol, que se encuentra en ruinas, y que tras muchos esfuerzos para lograr la finalización de la obra ante el gobierno, varios empresarios petromacorisanos se reunieron y le prometieron RD$8 millones.

El obispo, agregan, no los aceptó alegando que “era el gobierno que tenía que terminarla”, pero que él podía usar ese dinero para dedicarlo a otras obras, porque sus intereses eran otros.

Critican que el obispo obtuvo miles de tareas a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y que le cambiaran el nombre al hospital Dr. Carl Theodor Georg, en violación de las leyes y desconociendo la labor filantrópica de ese médico.

Según la comunicación, a consecuencia de un conflicto legal con la congregación Los Franciscanos, le fueron regalados unos terrenos en la urbanización Villa España, donde se le construyó el Colegio San Pedro, con aportes económicos privados y ayuda del gobierno, pero que se lo entregó a la Secretaría de Educación.

Explican que hace ocho años la comunidad de San Pedro de Macorís recibió con beneplácito la designación de un obispo católico y que no se alarmó al ver que en la misa intervino un coro haitiano, cantando en “creole”.

Señalan que luego vieron a Ozoria leyendo con dificultad la homilía, pero “pensamos que su torpeza era momentánea por la emoción que le embargaba en esos momentos”.

De inmediato entre los feligreses comprometidos, agregan, se hicieron recolectas y se le quiso comprar una casa en la calle Colón, la cual rechazó por estar cerca de la catedral. Entonces se le dotó de una mansión en la avenida Independencia, solo “con el propósito de halagarle y hacerle sentir más cómodo en su nuevo lar”.

Indican que, a consecuencia de los acontecimientos que han surgido, se ha descubierto “una personalidad hosca, antisocial, rayando casi en la mala educación, pues nunca asistía a los actos a los cuales era invitado, ni se excusaba ni enviaba representantes. Llega a tal punto que hay parroquianos que aún no lo conocen”.

Los ciudadanos de San Pedro de Macorís se preguntan porqué ha disminuido drásticamente la asistencia a las misas en el salón parroquial de la catedral y por qué los “hermanos separados” están captando tan fácilmente católicos disgustados.

Los quejosos alegan que lo más prudente y ético sería concertar una reunión conjunta, a fin de explicar detalladamente las circunstancias que motivan la solicitud del traslado de monseñor Ozoria y el sacerdote Hartley.

Según la carta pública, el sacerdote Hartley, quien se proclama de “sangre azul” de la aristocracia europea, se ha dedicado a proteger a haitianos indocumentados, con el apoyo de los países que quieren la unificación de la isla y lo sostienen económicamente, argumentando que está haciendo una labor social.