Piedras para los más chiquitos

<p data-src=https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2006/12/A695B0A4-3222-43EA-AB0A-B736D849FC84.jpeg?x22434 decoding=async data-eio-rwidth=460 data-eio-rheight=306><noscript><img
style=

HAMLET HERMANN
En los últimos tiempos el matutino Diario Libre y el vespertino El Nacional se han desgañitado denunciando el estacionamiento de vehículos en las áreas peatonales. En sus ediciones aparecen cada día las fotografías de jeepetas, automóviles y hasta camiones ocupando el espacio por donde se supone deben caminar las personas. Loable esfuerzo periodístico. No obstante debía preguntarse ¿por qué persisten los conductores en violar la ley ocupando espacios prohibidos? Primero, porque en este país no hay autoridad. Puede haber leyes pero los funcionarios civiles y militares encargados de velar por ellas están tan comprometidos con las violaciones que han llegado a convertirse en los más grandes defensores de la impunidad total. Sin embargo, esto sigue siendo parte de los efectos. Las causas son otras.

Lo sectores medios de la población utilizan el vehículo de motor para trasladarse a todas partes porque no tienen alternativa. Ningún gobierno ha mantenido de manera constante y permanente una política de transporte colectivo que permita dejar el carro en la casa y usar un colectivo. El presidente Leonel Fernández inició en 1997 un proyecto racional, moderno y eficiente que creó la esperanza de que el caos del transporte tenía solución. Pero en el cuatrienio que pasó fuera del Palacio Nacional parece que lo picó la mosca del disparate y, cuando volvió al gobierno, arrancó por la vía contraria. Esa es la razón fundamental. Nadie ha desarrollado un plan de transporte colectivo que permita obviar el vehículo propio y desplazarse por otros medios.

Además, otra causa del despelote en la capital dominicana reside en que los ayuntamientos no cumplen con el deber de exigir que los edificios construidos o por construir tengan los espacios necesarios y suficientes para que los vehículos puedan estacionarse dentro del marco impuesto por la ley. Lo que sí hacen los ayuntamientos es cobrar los impuestos y luego olvidarse de sus responsabilidades. Lo de ellos es solamente recaudar dineros para dilapidarlos sin control. Peor aún: cuando un edificio residencial es convertido en escuela, en oficina, en restaurante o en discoteca sin consultarlo con las autoridades de la ciudad, el caos se desata. La vivienda en que sólo hacía falta a lo sumo dos lugares de estacionamiento, de repente multiplica sus necesidades y requiere de diez espacios de, por lo menos, veinte metros cuadrados cada uno. Pero los síndicos sólo existen para poner sus fotografías ridículamente retocadas en cuanto disparate hacen en una ciudad por la que no sienten el menor respeto o cariño. Son los síndicos responsables de ese mal que tanto denuncian Diario Libre y El Nacional. Y, a pesar de que son ellos los que debían cargar con el problema, tienen la cara tan dura de querer cobrar impuestos por sus propios errores.

Algo que le ha faltado analizar a los dos diarios de circulación nacional, cada uno de ellos el primero en su categoría, es el papel del gobierno central en la entronización de la anarquía en el estacionamiento de vehículos en las aceras. Hay un ejemplo notorio. Lo que una vez fue el área residencial de mayor prestigio en la capital dominicana, conocido como Gazcue, es hoy un arrabal gracias a la intervención de los gobiernos nacionales. Le haría bien a los diarios comprobar que el mayor caos urbano de esta ciudad está en el polígono que circunda el Palacio Nacional y el edificio de oficinas gubernamentales conocido como El Huacal. El gobierno constitucional ha sido capaz de construir edificaciones de cinco plantas, varias de ellas, sin reservar un solo espacio para el estacionamiento de sus innumerables jeepetas. Repito, edificios de más de mil metros cuadrados de construcción que no han tomado en cuenta que las calles no son para que los vehículos permanezcan durante todo el día obstaculizando el tránsito. Lo mismo sucede con residencias que ahora son oficinas públicas colmadas de jeepetas donde no se previeron estacionamientos que no molestaran a la ciudadanía. Eso ha llevado a enormes conflictos con las familias tradicionales de lo que fue una zona residencial, quienes pudieron tener paz y tranquilidad durante más de medio siglo. Pero entonces llegó la «marabunta» de los compañeros y los compatriotas quienes entronizaron el caos y acabaron con la tranquilidad y la paz de esa zona.

Busquen Diario Libre y El Nacional las causas del caos en las áreas caotizadas por los gobiernos nacional y de la ciudad y habrán hecho el mejor servicio a la comunidad, que sabemos son sus intenciones. Lo demás es coger piedras para los más chiquitos.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas