QUITO (AFP).- Los indígenas ecuatorianos retiraron el respaldo al presidente Alfredo Palacio en su campaña de presión contra el Congreso en favor de una Asamblea Constituyente, en represalia por la insistencia del gobierno de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

De esa forma, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) le cobró al presidente Alfredo Palacio el que consideran un «incumplimiento» frente al acuerdo comercial que negocian Ecuador y Colombia.

«Por un lado negocia el TLC, que nosotros rechazamos porque nos dejaría en la ruina y frente al cual Palacio había dicho que no traicionaría a los ecuatorianos, y por el otro llama a movilizarse contra el Congreso intentando crear una cortina de humo que le permita firmar tranquilamente», dijo este miércoles a la AFP Humberto Colando, líder de la organización.

En ese sentido, anunció que la CONAIE dejará solo al gobierno en su llamado a movilizarse el próximo domingo hacia el Parlamento, cuando el mandatario presentará ante los diputados su informe de gestión.

«Una movilización contra el Congreso no es prudente porque sería como respaldar a un gobierno que ha caído en sus propios errores y en la provocación de los partidos tradicionales», sostuvo.

Su declaración fue respaldada por Santiago de la Cruz, vicepresidente de la CONAIE, quien aclaró que los indígenas continuarán luchando por su cuenta contra el Congreso y la suscripción de un TLC.

«Queremos una Constituyente soberana en la que también se incluya las negociaciones con Estados Unidos, pero presionaremos por nuestro lado y cuando consideremos conveniente», indicó el líder a la AFP.

El pasado fin de semana el ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, aseguró que el gobierno está dispuesto a liderar una marcha de presión contra el Congreso para obligarlo a aceptar una consulta popular que establezca una Constituyente.

Castillo deslizó la posibilidad de que la manifestación se cumpla el mismo día en que Palacio planea dirigirse ante el Congreso, aunque la ofuscada reacción de los parlamentarios llevó al Ejecutivo a morigerar la actitud.

«Las organizaciones sociales, los grupos partidarios de la consulta popular están en la libertad de hacer sus marchas pacíficamente, tal como algunos lo han anunciado, pero el gobierno no es el que organiza dichas marchas», afirmó el martes el portavoz presidencial José Toledo.

Aun así el Congreso no dio tregua en sus reclamos al gobierno por lo que «consideran una instigación a la violencia».

«El ministro ha venido siendo reiterativo en el camino de la confrontación, de la violencia y de la incitación a la lucha callejera contra el Congreso», fustigó el presidente del Legislativo, Wilfredo Lucero.

«Desde este momento responsabilizo al ministro Castillo de cualquier acto de violencia que se pueda cometer en contra el Congreso, sus diputados y bienes», agregó.

En un comienzo las principales bancadas habían anunciado que se abstendrían de escuchar a Palacio, pero desistieron ante las pocas posibilidades de que el llamado del gobierno prospere.

El pasado martes, el Congreso clausuró por mayoría una sesión extraordinaria convocada por Palacio para debatir una reforma constitucional que incorpore la figura de la Asamblea Constituyente.

Con ello, el mandatario fracasó en su quinto intento por sacar adelante una transformación del Estado a través de una nueva Carta Magna, con la cual se comprometió al asumir el poder el 20 de abril de 2005, en reemplazo del destituido Lucio Gutiérrez, preso en Quito.