Tres proyectos de ley encaminados a garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública, entre los que sobresale el que crea la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), llevan más de cuatro meses en la comisión de Justicia del Senado, sin que nada se sepa sobre  la rendición oportuna de los informes finales correspondientes.

Los otros dos son el proyecto de Ley de Integridad de la Función Pública y el que regula la Iniciativa Legislativa Popular (IPL), consignada en la Constitución de la República.

El proyecto contra la corrupción, original del Poder Ejecutivo, dispone que esa iniciativa sería la responsable del monitoreo y rendición de cuentas de los organismos y funcionarios del Estado.

Gobierno y sociedad civil.      Según el mensaje con que el presidente Leonel Fernández la sometió, la Iniciativa Anti-Corrupción actuaría “como un mecanismo permanente que promueva la interacción del Gobierno con actores representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, organismos internacionales, asociaciones sin fines de lucro, academias y gremios profesionales”.

De esta manera, expresa, se procura la coordinación y desarrollo de iniciativas que mejoren los niveles de transparencia y prevengan la corrupción en la administración pública.

Control y legitimidad.     En sus considerandos, el proyecto resalta que la lucha contra la corrupción se fortalece mediante la integración de mayor cantidad de sectores, cuya participación dotará de legitimidad las acciones a ejecutar en esa dirección.

Por esa vía, expresa, se establece un mecanismo de control social horizontal provechoso a los altos fines perseguidos por el ordenamiento jurídico nacional, tanto en lo establecido en la Constitución como en acuerdos y convenciones internacionales.

Misión.  La IPAC tendrá por misión articular  la colaboración, participación y la interacción  entre los diferentes sectores de la vida nacional, “procurando hacer funcional el conocimiento del desempeño y de las responsabilidades  de los distintos entes y organismos administrativos”.

 Esta iniciativa, expresa uno de sus dispositivos, contará con un Comité Organizador, adscrito al Ministerio de la Presidencia, compuesto por representantes de los sectores citados.

El proyecto de Ley de Integridad de la Función Pública es original del senador Julio César Valentín, presidente de la comisión de Justicia; y el de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) fue sometido por el senador Félix Bautista.

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Lucha necesaria

El proyecto de Iniciativa Participativa Anti-Corrupción establece la necesidad de luchar contra toda manifestación de corrupción, tanto en el ámbito de la gerencia pública como en otras áreas de la sociedad.

Permanente

Advierte que se hace imperativo dotar al país de un mecanismo permanente de  seguimiento y monitoreo de la gestión pública.