La ministra  de Educación, Josefina Pimentel, acogió ayer  con beneplácito la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el Estado puede regular la tarifa de los colegios privados; empero, informó que una comisión del Consejo Nacional de Educación aprobó modificaciones a la Ley 86-00 para hacerla más operativa.

En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Escuelas Católicas, padre Héctor Sánchez, consideró la decisión del TC como una noticia triste, tras advertir que con la misma se promueve la morosidad. Dijo que esa situación provocará que muchos colegios cierren sus puertas.

Se preguntó el por qué el Gobierno solo se preocupa por intervenir en la regulación de las tarifas de los colegios y no somete también al sector salud con los altos honorarios médicos, los precios de los alimentos de primera necesidad, entre otros servicios.