POR MANUEL JIMENEZ
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo ayer que no cree oportuno adelantar en estos momentos una revisión al Código Procesal Penal y sugirió, en cambio, que las autoridades propicien una discusión a lo interno en la que se haga una evaluación primaria sobre las cosas que estarían fallando en la implementación de este sistema.

César Pina Toribio, en un documento entregado por la Dirección de Prensa del Palacio Nacional, señala que en esa discusión interna deben participar los representantes de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal (CONAEJ), a la que pertenecen el jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado.

Pina Toribio entiende que antes de plantearse la revisión del nuevo sistema de administración de justicia en la República Dominicana, debe establecerse dónde están las fallas, si en el código o en los actores que intervienen en su implementación.

Tanto monseñor Núñez Collado como el actual jefe de la Policía Nacional han favorecido la revisión del código a propósito del auge que toma la delincuencia.

Pero Pina Toribio señala que las opiniones que vinculan al Código Procesal Penal con las manifestaciones delictivas que han venido preocupando a la sociedad dominicana y a sus autoridades, “responden a consideraciones subjetivas, no fundadas en comprobaciones ni mediciones con valor técnico o científico que justifiquen una revisión o reforma”.

“Estimo que las opiniones aludidas pueden distraer la atención sobre las múltiples y reales causas que hayan podido incidir en lo que se reporta como crecimiento de la violencia, y enderezar las críticas contra el Código Procesal Penal puede ser un contrasentido en la lucha contra la delincuencia”, sostiene Pina Toribio.

Entiende también que la gestión y puesta en ejecución del Código Procesal Penal y las deficiencias que puedan demostrar algunos de sus actores, o todos en su conjunto, no justifican una revisión del mismo, sino de las practicas de dichos actores.

También considera que no es tiempo para adelantar una revisión a este sistema de administración de justicia, el cual estima como un instrumento “novedoso y democrático”. “Cuando ello se haga debe hacerse en función de estudios ponderados y de constataciones fácticas irrefutables que no sean producto de la alarma ni de la histeria social que generan estos episodios de inseguridad ciudadana, cada vez más frecuente en el mundo de hoy”, señala.

Reitera que la revisión propuesta debía estar acompañada, además, de una reflexión responsable sobre el sistema de justicia que se quiere.

Pina Toribio entiende que debe establecerse “si lo que  se quiere  es un sistema que ofrezca seguridad limitando derechos individuales reconocidos desde siempre por nuestra Constitución o uno que armonice la necesidad social de brindar seguridad y confianza, a la que se fortalecen los principios democráticos de un verdadero Estado de derecho”.

Señala, asimismo, que resulta también “poco responsable” la politización, a efectos electorales, de un tema que de la misma manera que es multicasual, no puede endosarse a una administración en particular, siendo como es expresión del abandono de determinadas políticas que ha venido padeciendo la dirección del Estado dominicano.