El doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder ejecutivo destacó las repercusiones de las contrataciones del Estado con cláusulas arbitrales y los esfuerzos para fortalecer los equipos legales en la prevención y defensa, haciendo más eficiente las negociacionesy renegociaciones de este tipo de contrato.

En la apertura del seminario para la Solución de Controversias Derivadas de Contratos, dirigido a consultores jurídicos y representantes de Departamentos Legales de la principales instituciones del Estado, Pina Toribio agradeció el apoyo del Ministerio de la Presidencia y a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercioen la realización del evento que da continuidad a encuentros previos sostenidos con los consultores jurídicos entorno a la contratación  con cláusulas arbitrales.

Dijo que se han hecho trabajos de levantamiento e identificación de necesidades, que continuarán con un programa de monitoreo para la prevención de controversias desarrollado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, conjuntamente con la DICOEX, del Ministerio de Industria y Comercio.

Los trabajos del seminario abarcarán tres días en los cuales expertos internacionales fortalecerán las capacidades en arbitraje contractual, al mismo tiempo que se discutirán las inquietudes y prácticas respecto a las contrataciones con cláusulas arbitrales, el manejo del propio proceso arbitral, su prevención, asícómo desarrollar la defensa en caso de presentarse.

La mesa de honor en la ceremonia de apertura estuvo integrada, además del doctor Pina Toribio, por la Directora General de la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), doctora Katrina Naut, en representación del Ministro de Industria y Comercio, licenciado, José Del Castillo Saviñón y los expertos internacionales Tomás Solís, Eridania Pérez y Luis O’Naghten.

El evento se desarrolla en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, con los expertos en arbitraje internacional: José Ricardo Feris, Secretario Adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI; Eduardo Silva Romero y Álvaro Galindo, de la firma Dechert LLP; Luis Onaghten y Francisco Rodríguez, de la firma AkermanSenterfitt; Eridania Pérez y Tomás Solís, de la firma PattonBoggs.

Los trabajos abordarán la determinación de la inclusión o no de cláusulas arbitrales en ciertos contratos del Estado, el contenido esencial de dicha cláusula, los procesos arbitrales interpuestos contra el Estado Dominicano y/o sus entidades, su costo, la capacidad legal del país frente a los arbitrajes actuales y los riegos a mayores demandas al amparo de estos contratos o acuerdos.

Igualmente se analizarán las debilidades en materia de evidencia y producción documental, la necesidad de una coordinación efectiva en la Defensa del Estado, la cooperación interinstitucional,la necesidad de asistencia a las Consultorías Jurídicas por parte de expertos internacionales, al momento de negociar y renegociar contratos con cláusulas arbitrales y de ejercer la defensa de los casos, y las bases para el establecimiento de una unidad encargada exclusivamente de la defensa de los procesos arbitrales.

De igual modo se abordará la incidencia e impacto de todos los procesos arbitrales del Estado ante los organismos internacionales crediticios, de financiamiento, y a nivel interno, en términos presupuestarios y de capacidades legales, así como la necesidad de conocer los compromisos del Estado al amparo de los contratos y acuerdos internacionales con cláusulas arbitrales, para eficientizar la ejecución de las políticas públicas, salvaguardando los intereses y derechos del Estado, sin menoscabo de los compromisos asumidos frente a otros países y contrapartes contractuales.

El objetivo es que cada intervención y tema desarrollado presente una serie de conclusiones, recomendaciones y pautas que continúen orientando el accionar de las dependencias del Estado sobre el tema, sumado a las medidas y buenas prácticas que vienen implementando algunos Departamentos Legales, luego de distintas reuniones convocadasen 2012 por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.