Probablemente las pensiones aprobadas por la Cámara de Diputados para algunos legisladores se apegan a la ley 379, como asegura el presidente de ese organismo congresional, Alfredo Pacheco.

También la reelección presidencial se apega a un precepto constitucional que fue acuñado para satisfacer los intereses de una facción de partido empeñada en su momento por repetir en el poder, y que felizmente fracasó en el intento.

En ambos casos, el de las pensiones y la reelección, hay una legalidad que no necesariamente llega a ser legítima, a corresponderse con los mejores intereses de la nación.

Hay regidores que aspiran a cuantiosas pensiones, a pesar de que su papel es más de bulto que de utilidad. El cargo de regidor estuvo reservado alguna vez a personalidades de renombre, de alta solvencia moral.

Hoy por hoy es un cargo electivo para cualquiera, inclusive para gente a la que no le tiembla el pulso para negociar con pasaportes adulterados, como ha ocurrido.

Las pensiones oficiales deberían estar reservadas para cubrir las necesidades de gente que, habiendo servido al Estado, han salido de sus funciones en condiciones socio económicas difíciles. No deberían ser para gente que probadamente tiene de sobra con qué vivir.

Los dineros del Estado son un bien común, y como tal, deberían estar destinados a beneficiar a todos de una u otra forma. Pero hay pensiones que resultan privilegios irritantes, porque no son otorgadas con criterio de bien social.

Argumentar ahora que las pensiones otorgadas a varios diputados son legales abre la posibilidad de catalogar de igual manera las que reclaman unos regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Valida también como un acto moral el haber acuñado la reelección en las circunstancias que se hizo.

Lo legal, necesariamente, debe afianzarse en lo ético para que pueda entenderse como moralmente aceptable.

No más circo

Las discrepancias entre el jefe de la Policía Nacional y la Fiscalía del Distrito no han movido de su inercia la investigación que pretende establecer responsabilidades en la muerte del estudiante Eduardo David Rodríguez, quien fuera embestido por automovilistas que competían en la avenida 27 de Febrero.

Tampoco esa pizca de circo va a lograr desarticular una especie de cartel que propicia competencias automovilísticas en vías públicas, en las que participan mayormente hijitos de papi y mami.

El país está cansado del circo que suele montarse en torno a cuestiones de alto interés, de orden público.

Lo que se quiere es que las autoridades, sea la Fiscalía, la Policía o ambas, establezcan las responsabilidades que corresponden a este lamentable suceso y que el o los causantes de la muerte del estudiante Eduardo David Rodríguez paguen las consecuencias de su temeridad. No más circo, por favor.