En estos momentos todos los sectores del país, por una razón o por otra, están ocupados en el diseño de una reforma fiscal  que mejore los ingresos del Estado con el mínimo de sacrificios para todos.

Esta reforma es un requisito ineludible en el programa de ajustes disciplinarios que contiene el acuerdo que, por causas que todos conocemos, fue suscrito entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. La reforma, vale decir, aumento de impuestos existentes y establecimiento de otros, tiene su asidero en el hecho de que para salir de los graves compromisos derivados del archiconocido hoyo financiero, el Estado necesita aumentar sustancialmente sus ingresos.

Sorprende, pues, que en medio de estos atareos por mejorar los ingresos fiscales, el Gobierno saliente se destape con un proyecto de ley que pretende exonerar un vehículo para cada uno de los empleados de la administración pública. Además de los calificativos nada elogiosos que amplios sectores le han dado a esta iniciativa, hay que entenderla como un radical contrasentido, que aspira a todo lo contrario de lo que requiere el país para disciplinar la economía y para honrar la palabra empeñada con el FMI.

Quienes concibieron esta inconsecuencia no fueron capaces de poner en primer orden las prioridades del Estado, de mejorar sus finanzas aún sea a fuerza de odiosos impuestos. El descalabro que ha sufrido la economía, fruto de la falta de disciplina y comedimiento del Gobierno saliente en el manejo de la crisis bancaria, requiere de otras medidas, que no impliquen muestras tan cuestionables de desprendimiento.

-II-

Si la propuesta de exonerar un vehículo a cada uno de cientos de miles de empleados públicos es descabellada por el momento en que se hace, lo es también por el hecho de que los reales beneficiarios serían quienes les compren a los servidores públicos, a precio de vaca muerta, las autorizaciones de exención de impuestos para la importación de vehículos.

En vez de proponer exoneraciones de vehículos, hubiese sido más útil para los servidores del Estado que les fueren reconocidos los beneficios que les confiere la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de la cual sólo se han beneficiado personeros del agrupamiento político en el poder seleccionados en base a su ascendencia proselitista, no más. Son muchos los servidores de la administración que aún mereciendo las reivindicaciones de esa ley, han sido relegados para dar preferencia a seguidores del oficialismo, sobre todo en los tiempos en que se agitaba la carrera reeleccionista.

Si el actual Gobierno quiere dejar un buen recuerdo entre los servidores del Estado que lo haga por medios que no resulten lesivos para el propio Estado, como son las exoneraciones de este tipo.

Ya en días anteriores escandalizó el número de pensiones concedidas por decreto por el Poder Ejecutivo y han causado revuelo los indultos de reos que no califican para ser beneficiados con el perdón. Ya hemos visto lo que ha pasado con las tierras del Estado, especialmente del Consejo Estatal del Azúcar, que han sido repartidas selectivamente, y ahora estamos ante un proyecto que concedería exoneraciones de vehículos a los servidores públicos. Parece que asistimos a una grotesca piñata.