SANTIAGO (AFP).- La Corte Suprema de Chile privó este jueves de su fuero al ex dictador Augusto Pinochet y abrió el camino para enjuiciarlo por la «Operación Cóndor», un plan colaboración entre las dictaduras de los años 70 que dejó cientos de izquierdistas desaparecidos en el Cono Sur americano.

   La Corte aprobó el fallo por nueve votos en favor y ocho en contra, después de conocer el miércoles los argumentos de la defensa de Pinochet y los cargos de los abogados de la acusación.

   El nuevo veredicto ratifica el desafuero acordado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 28 de mayo.

   Pinochet, de 88 años, tuvo conocimiento de los asesinatos y desapariciones forzadas que ejecutaron los servicios secretos de su régimen (1973-1990), en coordinación con las dictaduras militares de otros cinco países sudamericanos en los años 70, según el veredicto del tribunal de apelaciones confirmado ahora por la Corte Suprema.

   La «Operación Cóndor» fue un plan secreto que aplicaron los regímenes dictatoriales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar a sus opositores, cientos de los cuales están desaparecidos.

   El juicio en Chile por esos crímenes está en manos del juez Juan Guzmán Tapia, el mismo que dirigió el primer proceso contra Pinochet desde marzo de 2000 y obtuvo su desafuero en la Corte Suprema, por los asesinatos y secuestros de la «Caravana de la Muerte».

   Pero ese proceso quedó bloqueado en julio de 2002, cuando la Corte aceptó los informes médicos según los cuales Pinochet padece una demencia moderada que no le permite defenderse ante los tribunales ni responder por las más de 3.000 víctimas que dejó su régimen, entre muertos y desaparecidos.

   Los partidarios del ex dictador se manifestaron sorprendidos este jueves, al saber que la misma Corte ahora consideró otros antecedentes para privarlo de su inmunidad y exponerlo a un segundo proceso.

   «Las condiciones de salud del ex presidente Pinochet no han variado en absoluto, son enfermedades progresivas e irreversibles», afirmó el general retirado Guillermo Garín, uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet.

   Uno de los factores nuevos, presentados por los acusadores, fue la entrevista que Pinochet concedió a un canal de la televisión hispana de Miami, el 24 de noviembre pasado, donde se explayó sin dificultades sobre la obra de su Gobierno y las denuncias que enfrenta.

   Otro antecedente fue el descubrimiento de las cuentas secretas que Pinochet mantuvo en el Riggs Bank de Washington, entre 1994 y 1002, con depósitos que fluctuaron entre cuatro y ocho millones de dólares.

   Tras el dictamen de la Corte, Pinochet tendrá que volver a enfrentar al juez Guzmán Tapia, que deberá ordenar ordenar nuevos exámenes psiquiátricos a sugerencia de los jueces del tribunal supremo.

   «Yo sólo tengo que acatar el fallo de la Corte Suprema», dijo el magistrado, en breves declaraciones. Precisó que a los jueces «no les corresponde opinar sobre las resoluciones de sus superiores».

   El juez no quiso adelantar sin embargo si ordenará esos exámenes de inmediato o lo hará después de interrogar al ex dictador, como lo hizo en enero de 2001, cuando lo interrogó en aquel primer proceso interrumpido y lo mantuvo bajo arresto durante seis semanas.

   Por este camino, Guzmán Tapia aparece como la última tabla de salvación de Pinochet, si los exámenes confirman sus signos de demencia. En caso contrario, deberá determinar si es culpable de los crímenes que se le atribuyen.

   Los familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet celebraron su desafuero, mientras sus partidarios reaccionaron con sorpresa ante el dictamen que abre las puertas a de un nuevo juicio.

   «Este es un día histórico, porque este fallo nos abre una ventana para enjuiciar a todos los violadores de los derechos humanos», dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

   «Estamos muy contentos por la resolución. El país ahora parece ser más democrático que ayer», afirmó el abogado Eduardo Contreras, uno de los seis juristas acusadores en el proceso que ahora se inicia contra Pinochet.

   El Gobierno del presidente Ricardo Lagos pidió tranquilidad y dijo que los fallos judiciales deben ser respetados por todos, porque nadie está por sobre la ley.

   «Hay que tener tranquilidad y esperar lo que diga la justicia. Es un proceso de suyo complicado», señaló el ministro del Interior, José Miguel Insulza.

   «En Chile hay Estado de Derecho, los poderes se respetan y nadie está sobre la ley», afirmó por su parte el secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, en el palacio presidencial de La Moneda.