Cuando se interpreta correctamente el artículo 48 de la Ley 137-11 sobre Procedimientos Constitucionales, se llega a la conclusión de que las sentencias respecto de control concentrado surten efecto retroactivo cuando el Tribunal Constitucional lo dispone claramente. Así, si la intención es acomodar el fallo del TC que declaró inconstitucional el párrafo 3, artículo 45 de la Ley de Partidos a cualquier tipo de pirueta y/o acomodo a la realidad del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), resulta importante recordar que, la sentencia del órgano constitucional, no consigna ningún elemento de retroactividad. Y en el orden práctico, la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) 0012-2019 perfiló las características del proceso convencional a celebrar en el partido blanco para seleccionar sus autoridades institucionales.
Las reglas estatutarias prevalecientes en el partido blanco están pautadas, mediante disposición del TSE, en función de las existentes en el año 2014. Y el interés de hacer una interpretación antojadiza revistiendo de “validez” la transformación en los métodos de elección no sólo serán ilegales, sino que retratan la insana intención de acomodar pautas de una competencia que debe ser democrática, plural y arbitrada por la autoridad electoral conforme a lo que dispone la ley 15-19. Cuando el Tribunal Constitucional despoja a las cúpulas partidarias de orquestar los mecanismos de competencia no crea las condiciones para hacer de los estatutos una expresión de confabulación rastrera y antidemocrática tendente a construir una “vuelta” ventajosa a favor de los que no pueden someterse al escrutinio de sus bases.
Aunque el intento de ajustar los estatutos del PRD al nuevo ordenamiento electoral se asume desde la perspectiva de obediencia a un mandato de la ley, la perversión de su interpretación, sepulta cuatro décadas de ejercicio plural y participativo, impulsado por los aires democráticos propios de una organización creada en negación del autoritarismo consustancial con la tragedia política nuestra surgida en el mismo proceso de edificación del proyecto de nación. Olvidando horas de lucha y esfuerzo, quieren liquidar la participación de las bases en los procesos, creyéndose de forma aviesa que su “utilidad” descansa en las elecciones nacionales, pero están reducidas a la hora de votar y determinar su mando institucional y las candidaturas nacionales.

Lo del domingo 12, además de dantesco espectáculo, expresa como la degradación de la práctica partidaria no tiene límites debido al afán de desobedecer mandatos de la ley y una sentencia del TSE. No obstante, toda esa orquestación retrata la no disimulada intención de activar los mecanismos de la formalidad institucional, auxiliados por el gobierno, y concentrados en buscar aires de legalidad a un Miguel Vargas Maldonado lastimado en la estima electoral y necesario al proyecto hegemónico de Danilo Medina.
La Junta Central Electoral tendrá que jugar un rol de apego a las reglas de equilibrio asociadas a su ley porque los precedentes dictados por la actual gestión, en el acta11-2019 donde se rechazó al Partido Verde Dominicano (PASOVE), aplican efectivamente a la situación de Vargas Maldonado que, después de coincidir alrededor de primarias abiertas pretendió modificar fuera del plazo establecido, asistir a un proceso donde la sociedad valide o desestime sus capacidades para conseguir la candidatura presidencial del PRD. Y en esencia, la velocidad en estructurar una convención de delegados con tintes “de legalidad” obedece al miedo existentes en los administradores de las siglas partidarias en celebrar un proceso de convención de amplia participación.

Lo que se pretende es que piruetas estatutarias sirvan de auxilio a un político que cuenta con respaldo del poder. Es muy sencillo: en la medida que el PRD se torne tonto “útil” y de enorme rentabilidad para el oficialismo se desarrollarán tácticas de retardos, acercamientos económicos y funcionarios pretendiendo influir en decisiones institucionales. Estoy claro. ¡ Eso sí, llegaremos hasta el final!