No bien había expresado optimismo ante las cámaras legislativas el presidente Danilo Medina sobre la forma de enfrentar la delincuencia cuando una banda de facinerosos decididos a matar se lanzó a los atracos a plena luz del día y en uno de los sitios más céntricos de la capital. Un asalto fuera de serie, de efecto colectivo, a todo el que en ese momento discurría por el parque Las Praderas. Podría crear riesgos para la seguridad ciudadana el pregón mal fundado que minimice la gravedad de los despojos y muertes por acciones callejeras que son alarmantes todavía.

La idea de que sobrarían las precauciones por haber disminuido las posibilidades de toparse con delincuentes facilitaría la criminalidad y haría bajar la guardia a ciudadanos. En verdad, la mayoría de ellos ha dicho a encuestas que alguien de su entorno ha sido blanco reciente de la delincuencia. Cierto es que en el país han disminuido los homicidios sin que falten atrocidades. ¡Cuidado con cantar victoria por eso! El azote de malhechores mantiene intensidad a pesar de que, en muchas ocasiones una solapada estrategia de silenciar noticias negativas impide a veces conocer detalles por vía oficial de lo que ocurre; además de que por falta de confianza en las autoridades, las víctimas de la delincuencia no acuden siempre a querellarse. Con frecuencia no sirve de nada. En otro alarde criminal de la fecha, fue asesinado en Villa Mella un teniente de la PN.

Municipios a soga corta

La privación de recursos a que están sometidos los cabildos -castigados por alzas de costos de los servicios que prestan y por violación a la ley de asignaciones presupuestales- se vincula estrechamente con el estado crítico de muchos cuerpos de bomberos del país. Ni modo que el Gobierno Central deba lanzarles salvavidas para que no acaben de hundirse. Tampoco podrían los ayuntamientos aplicar un aumento general de salarios sin que, irónicamente, deban recibir alivios a sus pesares de las mismas manos que los causan. No por casualidad el cabildo de Santo Domingo Oeste está atado en términos financieros: la asignación gubernamental es mínima y las recaudaciones propias se quedan cortas para enfrentar problemas causados por la contaminación de cañadas y de aguas estancadas en calles por falta de alcantarillados pluvial y sanitario.