Pittaluga. Cuando le llegó su turno, el abogado acusado de asociarse a Díaz Rúa en el caso de los sobornos, éste dijo, bajo reservas de impugnar todas y cada una de las pruebas del MP, que todo lo dicho en su contra es falso.
Indicó que el MP aporta como una prueba de su supuesta complicidad con Díaz Rúa, un incremento patrimonial reportado del 2003 al 2007 sin él ser funcionario público.
Dijo que la contratación entre ellos dos se hizo en el 2008, y luego otra en el 2009, y que los pagos recibidos por las mismas se hicieron a partir del 2011.
Agregó que además, en todas las pruebas depositadas por el MP en relación a las entidades Indoequipesa y Solaris, él no figura ni como abogado ni como accionista de ninguna de ellas.
Sobre una traducción legal que el MP enunció tener como prueba en su contra, Pittaluga mostró al juez un acto de comprobación del licenciado Rafael Mendis, del 22 de junio del 2018 en el que la secretaria de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) atestigua que ese documento (traducción) no existe en el expediente del MP.
“En relación al supuesto testaferrato nuestro del ingeniero Díaz Rúa, todo eso es una deducción basada en especulaciones del Ministerio Público que no tiene ningún fundamento probatorio de ninguna especie”, dijo Pittaluga.
A este abogado, que no ha sido funcionario nunca, el MP le atribuye haber suscrito contratos de asesoría con Odebrecht sobre la reestructuración de los contratos de cesión y enmienda de la autopista el Coral, por honorarios del 1.25% del monto final de la obra. Ese contrato sirvió además como fachada para encubrir los pagos de soborno que le hizo Odebrecht a Díaz Rúa, valiéndose de compañías de carpetas creadas por Pittaluga.
“Nosotros vamos a demostrar que todo el dinero obtenido por nosotros está en un 95%, quiza más, debidamente invertido, y el resto está aquí comprobado con una inversión que se hizo en Indoequipesa que tuvo un retorno de tres apartamentos”.