Los abogados del Banco Central calificaron de correcta la decisión de la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Doris Pujols Ortiz, de designar al Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional para investigar los presuntos cargos criminales imputados a los principales ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO).

Una nota de prensa enviada a este diario explica que los abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Salcedo, Jorge Luis Polanco y José Lorenzo Fermín, reiteraron su decisión de llevar a los banqueros Arturo Pellerano, Máximo Pellerano, Felipe Mendoza, Héctor Castillo y Raisa Gil de Fondeur por ante los tribunales.

Manifestaron que para iniciar la sumaria lo recomendable es que se interrogue de inmediato al gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, y al Superintendente de Bancos, Julio Cross, como representantes de las instituciones del Estado que formalizaron la querella el pasado 7 de noviembre del 2003.

Recordaron que este pedimento fue formalizado mediante instancia depositada ante la juez de Instrucción apoderada.

«Ambos funcionarios, representantes de las autoridades monetarias y financieras del país, tienen mucho que aportar al Sexto Juzgado de Instrucción sobre la forma en que se cometió el fraude por más de 20 mil millones de pesos, a parte de que poseen las pruebas que deberán servir de indicios para procesar penalmente a los ex ejecutivos bancarios», precisaron los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

Los querellante acudieron de manera directa ante la juez coordinadora de los Juzgados de Instrucción en procura de que sea la justicia que determine la responsabilidad en el fraude por más de 20 mil millones de pesos cometido contra el Estado y contra miles de ahorrantes, que tenían cuentas en pesos y en dólares en el Bancrédito.

Reiteraron que la opinión del fiscal Máximo Aristy Carballo en relación a que se trata de una litis civil entre partes firmantes de un contrato, carece de base legal.

«Esta opinión del fiscal es infundada y carente de base legal por la magnitud de los datos aportados sobre el fraude bancario contra el Estado y los ahorrantes, sí como por el marcado carácter de orden público que éstos hechos criminales entrañan», precisa la nota.