Algunas preocupaciones sobre el curso actual de la economía van desde la falta de solución a la baja calidad de la enseñanza preuniversitaria, un factor contra la disponibilidad de mano de obra calificada para el reto de acrecentar inversiones, hasta la alta tasa de informalidad atribuida mayormente a lo intrincado y desigual del ejercicio recaudador que hace poner al margen de las reglas del juego a muchos negocios que emigran a la informalidad o a veces la prefieren desde su nacimiento para restar recursos al Estado con evasiones y elusiones.

Agréguese un dilema que impide salir a camino: el costo laboral es alto en República Dominicana porque más allá de los salarios existen duplicidades legales que pesan con exceso de cargas fijas sobre los empleadores para protección social a los trabajadores. El efecto mega de esta distorsión inhibe inversiones y crecimiento económico. El daño a los trabajadores es doble: mantiene bajos sus ingresos por inequidades tributarias e impide que crezca la oferta de empleos.

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La desesperanza ante la urgencia de mejorar la competitividad del país creció desde el momento mismo en que el ministro de Educación, Ángel Hernández, admitió recientemente con los énfasis de la reiteración, que la educación dominicana está estancada a nivel general y dos expertos en la materia, Edwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), y la exministra Josefina Pimentel opinaron que las fallas de aprendizaje en las aulas constituyen un obstáculo en la lucha contra la pobreza, la desigualdad social y la baja productividad.

Barril sin fondo

La formación cabal de futuros hombres y mujeres de trabajo necesarios, para metas de producción y desarrollo, no está garantizada en el país, y al concurrir el 31 de mayo al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, la presidenta de Educa, María Waleska Álvarez, fue categórica al expresar que «los bajos niveles exhibidos en la evaluación (del sistema) por los estudiantes del país son el reflejo de problemas estructurales que han persistido a lo largo de los últimos 30 años». En ningún gobierno en particular reside el monopolio de las culpas.

Los invitados al encuentro resaltaron que desde el año 2013 cuando se hizo efectiva la entrega del 4% del Producto Interno Brutal a la Educación, el ministerio correspondiente ha recibido 325,000,000 millones de pesos. «siendo la República Dominicana uno de los países que más invierte en la financiación de la enseñanza pública».

Sin embargo en los cálculos del analista de gastos e inversiones, Nelson Suárez, en el período llegaron a los capítulos de la cartera una enormidad de millones equivalentes a un 25,4% de los ingresos fiscales internos no financieros. Bajo el criterio de que en la educación el capital humano es el principal elemento, el 59.3% del dinero se destinó al pago de remuneraciones y contribuciones para empleados administrativos y docentes aunque la mayor queja estriba todavía en la pobreza de resultados favorables en que permanecen las nóminas que deberían reflejar eficiencia en la instrucción y en la aplicación de programas.

Evasión en grande

El sistema tributario dominicano es descrito con frecuencia como de alta complejidad y en un decenio anterior (2007-2017) la evasión al impuesto da la Transferencias de Bienes y Servicios, ITEBIS, aumentó considerablemente. con una brecha de incumplimiento de 301,683.3 millones de pesos en el último año del lapso indicado de acuerdo a un boletín del Ministerio de Hacienda. Se trata de una de las principales fuentes de ingreso del Estado dominicano.

El magro resultado de las recaudaciones aludidas fue atribuido mayormente por la analista Giorandys Vásquez, egresada de la UASD con maestría en la Escuela de Organización industrial de Madrid, a altas tasas del ITEBIS que incrementan la informalidad y específicamente a: «baja cultura tributaria, desconfianza por parte de los ciudadanos y/o contribuyentes en el sistema tributario y el Gobierno por todos los casos de corrupción acontecidos y por último, por el bajo riesgo a ser detectados que corren los contribuyentes.»

Se preguntaba Vásquez, que opinó sobre el tema el año pasado: «¿Por qué tenemos que pagar un 34% de impuestos por cada galón de combustible. Por qué las empresas turísticas, zonas francas, generadoras de electricidad y otras se benefician de exenciones fiscales y las mipymes no, aunque estas representan el 98.7% del total de empresas registradas al año 2020 mientras las restantes grandes empresas solo constituyen el 1.3%?»

En el 2017 el incumplimiento en el pago del Impuesto sobre la Renta, que debe recaer sobre los ingresos personales gruesos y la rentabilidad corporativa de alto nivel, fue de 57.07%, una evasión de grandes ligas que podría indicar que los contribuyentes menores son mejores pagadores de tributos que aún erosionados a través de una incompleta aplicación a los consumos a través del Itebis, lleva a los pobres a ser más amistosos con el Estado para sustentarlo con su sudor que los pejes gordos.

Golpes «informales»

Conceptos extraídos del «Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo» reconocen como causa eficiente de la informalidad en la economía dominicana a un régimen «normativo opresivo» constituido por elevados costos tributarios y laborales. Costosos procesos de inscripción para poder salir de las sombras en las que se esconden de recaudadores y de otros obligaciones institucionales. El Estado supervisa débilmente a sectores productivos y comerciales y es el último en enterarse de la marginalidad desde la que se opera en busca de lucro.

Las consecuencias están a la vista y el boletín del OPSD lo reafirma: «La informalidad afecta negativamente el crecimiento económico, la productividad de los trabajadores y el bienestar social dificultando el acceso al crédito, reduciendo las recaudaciones, induciendo a una menor cobertura y calidad en las asistencias sociales y estorbando la obtención de bienes y servicios públicos».

Organismos multilaterales consideran que la informalidad es un desafío a las autoridades económicas de cualquier país a crear «un entorno en el que el sector formal pueda prosperar y crear oportunidades para que las personas que trabajan en el sector informal mantengan o mejoren sus niveles de vida. Algunas de estas medidas incluyen reducir los costos de la actividad empresarial, luchar contra la corrupción y mejorar el acceso al financiamiento y los servicios».

¿Equidad o no?

Recientemente el economista de finanzas públicas y exdirector de la DGII, Magín Diaz, se hizo eco en su artículo semanal de una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que colocaba a República Dominicana con uno de los costos laborales (55.4% en adición al salario) más altos de América Latina en alusión a lo que por obligación legal deben agregar los empleadores al pago mensual a los trabajadores por concepto de seguros de salud, pensiones, acceso al Infotep, doble sueldos, vacaciones, riesgo laboral, reservas para prestaciones y participación en utilidades.

Díaz considera que ya existe en el país un debate en torno a la magnitud del sobrecosto que recae sobre actividades productivas por la contratación de mano de obra con un dilema digno de atención: según el punto de vista con el que se quiera verlas, las reglas del juego obrero-patronales de República Dominicana son de un sesgo «anti-empresa» o «pro-laborales» sobre todo en el aspecto fundamental del régimen de pensiones en el que los empleadores cargan con el 75% de las contribuciones que alimentan el ahorro de sus dependientes. ¡Que cada lector escoja el sesgo de su preferencia!

A su entender, los agentes de la economía están llamados a discutir la necesidad o no de reducir el costo laboral «eliminando algunos de sus componentes» y en el ínterin el empresario promedio del preocupantemente reducido sector formal de la economía (el que trabaja en la informalidad nunca sabe en qué pie está parado) seguirá sometido a agregar entre 54 y 65 pesos a cada cien pesos que pague en salario.

Un dato oficial indica que en todos los países de Centroamérica los aportes al «costo laboral» con el que por ley los patronos deben sustentar a los asalariados son inferiores a las exigidos en República Dominicana. Aquí, de manera particular, las contribuciones al sistema asegurador de la salud que recaen sobre los empresarios también superan a los de sus vecinos de la Cuenca del Caribe, una correlación objetada por los empleadores que requeriría reformas legislativas que difícilmente prosperen en el debate nacional por una lógica contradicción de intereses con el obrero.