El presidente Luis Abinader presentó anoche medidas para revertir de manera radical el “deterioro institucional existente en el país” que incluye eliminación de los “barrilitos”, la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público y de una subdirección antifraude, dependiente de la Contraloría General para inspección permanente en todas las áreas del Gobierno.

De esta manera, propone crear un “nuevo Estado: fuerte, plural y transparente, en el que el ciudadano se afirme como centro de la atención pública”.

Aseguró, además, que en los próximos meses apoyará a “nuestros legisladores” en la reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, “fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de modo que los barrilitos sean eliminados de manera definitiva”.

Otras medidas. Como parte del Plan Integral Anticorrupción, el mandatario anunció un portal único de transparencia, propiciar la correcta aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal y estricta supervisión a los programas de asistencia social.

Los periodistas asignados a la fuente palaciega no tuvieron acceso, pero sí algunos directores de medios de comunicación. Estuvo acompañado por la vicepresidenta, Raquel Peña y otros funcionarios.

Afirmó que las iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia, de manera que a partir de su aprobación “podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto”.

Nuevo Estado. Dijo que es un plan de reformas institucionales sin precedentes que, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creará las bases de un nuevo Estado, fuerte, plural y transparente, en el que el ciudadano sea centro de la atención pública.

Dijo que ha sido luego de analizar de manera integral el marco normativo e institucional que rige la gestión y fiscalización del patrimonio público, la transparencia y la persecución de la corrupción administrativa, que se han detectado sus carencias y omisiones. Implica elaboración de un cuerpo de leyes que permitirá, no solo modernizar sus bases sino mejorar su eficiencia.

Garantizó que en los próximos meses perseguirá una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa.

Al ampliar sobre el portal único de transparencia dijo que recogerá toda la información relativa a la actividad del Gobierno con acceso ilimitado de los ciudadanos a su contenido.

Explicó que podrán consultar cualquier expediente de contratación a tiempo real, información sobre concursos públicos, retribuciones de los altos cargos o sus declaraciones de bienes, y podrá solicitar toda información del Gobierno que estime oportuna y no consiga encontrar.

Alertó que impulsará la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones sean conforme al estándar interamericano, que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática.

Ley General de Publicidad Estatal. Abinader dijo que establecerá los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios. “Buscará la prohibición del uso de recursos públicos para promover causas ajenas al bienestar general”.

Anunció, además, que a partir de ahora el pueblo sabrá que hacen sus gobernantes y estará informado, tras advertir que trabajará sin descanso para poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los programas de asistencia social del Estado.

Dijo que con ese propósito creó una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.

Avisó la creación mediante decreto de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, que articulará los compromisos con el fortalecimiento de la ética en administración pública.