La Presidencia de la República presentó recientemente el “Plan Integral de Seguridad Ciudadana” al país con dos pilares fundamentales: Persecución y Prevención del Delito.

La presencia del Ministerio de la Presidencia como principal responsable del plan es importante, puede favorecer a que la Seguridad Ciudadana sea un eje transversal que integre todas las políticas públicas desde los distintos ministerios y no se reduzca al Ministerio de Interior y Policía.

La Policía Nacional y DNCD no garantizan seguridad ciudadana por su praxis y naturaleza. El establecimiento de la confianza y solidaridad como ejes claves para la Seguridad Ciudadana se contradicen con ampliación del patrullaje e inclusión de las Fuerzas Armadas. Esto aumenta la desconfianza y erosiona la cohesión social.

Se enuncia como objetivo atacar las raíces de la delincuencia identificadas en la vulnerabilidad y pobreza con componentes dirigidos hacia la población adolescente y joven masculina fuera de las aulas y sin empleo (población “ni-ni”). Elemento positivo por su atención en uno de los grupos con mayores condiciones de riesgo, pero que debe incluir la intervención en factores generadores y engrosantes como son: – Prácticas de expulsión hacia esta población al interior del sistema educativo, – Indocumentación de la población dominicana y de origen haitiano, con el agravante del despojo de documentación por parte de la JCE.

La delincuencia no es un fenómeno vinculado únicamente a la pobreza. En nuestro país se genera y sostiene en los estamentos de poder con extensión hacia los pobres, que se insertan desde la vulnerabilidad, inequidad y exclusión.

Este enfoque omite cuatro aspectos fundamentales en las raíces y expansión de la delincuencia que son: – Corrupción e impunidad desde los estamentos de poder. La corrupción es parte de la delincuencia, el sometimiento a las justicias de funcionarios/as con expedientes de corrupción (actuales y anteriores) es fundamental para promover la seguridad ciudadana y su sustento en la confianza y promoción de valores. – Complicidad estructural (no individual) de policía nacional y DNCD con redes delictivas. – Consumo de Drogas Ilícitas. Políticas de prevención al consumo debe ser un eje fundamental que no toca a la DNCD sino a  Salud Pública y Educación. – Ajusticiamientos policiales, práctica actual de persecución del delito que legitima las redes delictivas, viola los derechos humanos, debilita el sistema de justicia, obstaculiza la investigación criminal y el imperio de la ley.

“El peso del imperio de la ley” supone una reestructuración y transformación de la gestión pública con erradicación de prácticas de corrupción, impunidad y disparidad salarial. No se eliminan privilegios con desigualdad entre cúpulas con altos salarios y salarios miserables en la mayoría de empleados/as (casos maestros/as).