POR FERNANDO QUIROZ
El Plan de Seguridad Democrática (PSD), entregado al presidente Leonel Fernández, recomienda acelerar la aplicación efectiva de un programa  de desarme y control de armas, así como regular el expendio de bebidas alcohólicas.

Establece que la delincuencia se ha incrementado por las acciones de pandillas que con armas de fuego sostienen enfrentamientos y por el “microtráfico” de drogas, con vínculos “entre tígueres y policías”.

Un estudio cualitativo y cuantitativo de las  percepciones y expectativas sobre la seguridad realizado por la consultora extranjera Newlink Poltical, de Miami, reveló que en barrios de Santo Domingo y Santiago se vislumbra entre las personas un sentimiento generalizado de inseguridad con respecto a la situación de años anteriores y, en ocasiones, de tan solo dos años atrás.

Se propone para combatir la delincuencia la aplicación de una política de empleos y formación técnica laboral dirigida a jóvenes. También, la participación de las iglesias, ayuntamientos, empresarios y organizaciones no gubernamentales en la construcción de espacios deportivos y de recreación.

La investigación, realizada para el PSD que ordenó el gobierno, tomó como muestra los barrios Capotillo, Gualey, 24 de Abril, Las Cañitas y Villas Agrícolas, en esta capital. En tanto, en Santiago estudiaron los barrios La Joya, La Otra Banda, La Yagüita del Pastor y Cienfuegos. El proyecto tiene fecha  del 12 de julio 2005.

El plan es el resultado de un trabajo en equipo de la secretaría de Interior, Procuraduría General de la República y de la Policía. Recientemente el secretario Franklin Almeyda, el procurador Francisco Domínguez Brito y el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, entregaron el informe al presidente Fernández.

El  plan será iniciado con acciones inmediatas con un plan piloto denominado “Barrios Seguros” en Capotillo. Los ciudadanos, de acuerdo a las investigaciones, atribuyen la situación a la delincuencia callejera asociada a la prevalencia de pandillas y grupos que reclutan a los más jóvenes y desamparados del barrio en el Distrito Nacional, y al creciente “microtráfico de drogas” en esos  sectores señalándose como responsables “a los tígueres y policías”.

Igualmente, se señala la incapacidad de la Policía para enfrentar esos grupos debido a la falta de personal y equipos, así como al accionar policial errático, asociado a prácticas coercitivas como las redadas indiscriminadas y a su vínculo con la delincuencia.

El objetivo final del plan es lograr un país donde la seguridad democrática le permita a cada dominicano vivir en una nación segura.

El PSD se construye sobre dos pilares fundamentales, el primero, restablecer la autoridad del Estado a través de una profunda reforma de la Policía e intenta lograr no sólo la presencia permanente de las fuerzas del orden en las ciudades y pueblos sino también recuperar la confianza de los ciudadanos en esa institución.

Los fundamentos del segundo pilar procuran garantizar los derechos ciudadanos básicos de cada dominicano para que así el ciudadano se convierta en el actor principal de la seguridad democrática. Entre la variedad de asesores consultados este año se resaltan el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el John Jay College de Nueva York, la Universidad Internacional de la Florida y el Newlink Politica, una firma consultora de Miami.

Almeyda es el coordinador de la comisión de implementación  y de seguimiento del plan. El objetivo central del plan comprende seis líneas de acción  y se establecen metas de corto, mediano y largo plazo

El plan piloto establecerá la presencia permanente del  Estado en múltiples dimensiones desde la presencia física y permanente de la Policía hasta acciones coordinadas de las secretarías de Educación, de Obras Públicas y de Salud. “Se trata también de involucrar de manera decidida a las organizaciones del barrio y de la sociedad civil dominicana en la gerencia del plan piloto Barrios Seguros”, plantea el plan.

CONTROLES

El plan también recomienda el control de venta de alcohol a menores y control del funcionamiento de traganíqueles.

Asimismo, el control de lugares de compra y venta donde se negocia con mercancía robada.

El Plan de Seguridad Democrática es definido como un compendio de acciones y de actividades a lanzar en forma sucesivas en los próximos días, semanas y meses.

Más allá de la participación coordinada de las agencias estatales, el plan procura involucrar a la sociedad civil en su conjunto, especialmente a las organizaciones populares, empresarios, organizaciones no gubernamentales y otras instancias interesadas en la resolución de la conflictividad y violencia en el país.

Establece metas específicas partiendo de una línea basal que se estableció por medio de la investigación cualitativa y cuantitativa y con el asesoramiento de las instituciones mencionadas.

Contó con el asesoramiento de un grupo de expertos nacionales y extranjeros que a lo largo de los último diez meses trabajaron en el diagnóstico de la seguridad y la preparación de una línea de acción.

En la investigación sobre la percepción de inseguridad, temor y vulnerabilidad en barrios del Distrito Nacional y Santiago trabajó como en la sección cualitativa y cuantitativa  Lilian Bobea y la asistente de levantamiento de información Vielka Polanco.

ÁREAS MAESTRAS

El Plan de Seguridad Democrática trabajará en las siguientes seis áreas maestras:

-El desarrollo de una eficaz policía preventiva.

-Una profunda reforma académica para formar mejores policías.

-El desarrollo e implementación de un sistema de investigación criminal adecuado a las realidades de la democracia dominicana, incluyendo el establecimiento de un Instituto Forense que cuente con laboratorios adecuados.

-Acercamiento de la Policía a la sociedad a través de una policía comunitaria.

-Diseño y organización gerencial para su eficacia en la administración y el equipamiento para que cada área pueda cumplir adecuadamente sus funciones.

-El desarrollo de un programa efectivo de asuntos interno para el control dentro de la Policía para reducir sistemáticamente la corrupción y profesionalizarla con tecnología para la inteligencia delictiva y así crear una institución que responda a los intereses de los ciudadanos.