VICTOR VENTURA
El discurso de rendición de cuentas pronunciado por el presidente de la República doctor Leonel Fernández, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional generó opiniones y reacciones distintas. Unas de aceptación y adhesión de la mayoría de la población. Y como es natural en una democracia adulta, otras de críticas y detracciones de una minoría con capacidad de análisis que hace opinión pública. Algunas de esas críticas tienen un carácter bien intencionado porque reflejan preocupaciones muy sentidas de la población, especialmente lo relativo al tratamiento que se le dio al tema energético. El cual a juicio de algunos entendidos, aparentemente fue breve y superficial, presentado de manera general y sin entrar en detalles.

Obviamente, hay que tomar en cuenta el escenario, la complejidad del problema, la situación de crisis en que se está viviendo en la República Dominicana y la delicadeza con que hay que abordar ciertos temas contenidos en el acuerdo firmado con el FMI. Y más importante aún: evitar poner en peligro la frágil confianza que se ha logrado recuperar, anunciando medidas de difícil aplicación que envíen un mensaje ambiguo a los agentes del sector y causen algunas precisiones.

El primer mandatario, en su intervención ante las cámaras legislativas, se limitó anunciar, en lo que respecta al sector eléctrico, que el gobierno ha puesto en ejecución un amplio plan de reforma, diseñado de consenso con los agentes del subsector y en consulta con el Banco Mundial y la USAD, que procura, en el corto plazo objetivos específicos, tales como:

* Reducir las pérdidas, mejorar los niveles de cobranza y controlar los costos operativos de las empresas distribuidoras y aumentar la eficiencia de las acciones empresariales que desarrolla la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

* Garantizar el suministro de energía en más de un 70 por ciento a los barrios afectados por apagones permanentes, mediante el Programa de Reducción de Apagones (PRA), que es considerado como parte de la acción social del gobierno en beneficio de los pobres.

* Iniciar la revisión de los contratos con Congetrix y Smith & Enron que comprometen el Estado al pago de cuantiosas erogaciones de fondos, aunque las plantas generadoras mismas estén fuera de servicio.

* Examinar el contrato de compra venta con Unión FENOSA para la adquisición de Edenorte y Edesur que obliga a las Edes mediante la pignoración de cuentas al pago de $US 5.0 millones de dólares mensuales, y programar la revisión del llamado Acuerdo de Madrid que se refleja en la tarifa eléctrica privilegiando los costos de generación.

Asimismo, rápida y escuetamente, el ejecutivo abordó las medidas de mediano plazo contenida en el plan que tienen como propósito la «sostenibilidad» operativa de la industria eléctrica, la implementación de las reformas institucionales y estructurales requeridas que permitirán mantener el equilibrio financiero y la normalización en el suministro a la población. Así como, garantizar la calidad y la cantidad de horas del servicio eléctrico en la medida que vaya mejorando los indicadores de desempeño mediante un proceso de desmonte de las pérdidas, disminución de los costos y mejora de la gestión de las empresas distribuidoras, tal como se detalla:

* Reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de las líneas de transmisión y distribución a alrededor de 30 por ciento, disminuyendo el fraude y robo de energía, a la vez que se aplica un programa de captación de usuarios del servicio que deben ser convertidos a nuevos clientes de las empresas distribuidoras.

* Mejoramiento de la facturación y de las tasas de cobranza a cerca de 90 por ciento hacia finales de este año 2005. En la actualidad de cada $RD 100 pesos que las empresas distribuidoras compran de energía facturan $RD 80 y cobran efectivamente RD$ 58., es decir que las pérdidas sobrepasan el 40%. En otras palabras las Edes facturan el 80% de la energía puesta en línea y cobran a sus clientes en términos reales sólo el 75% de la electricidad vendida y facturada., lo cual hace el negocio insostenible e inviable.

* Fortalecimiento de las instituciones del sector que tienen que ver la regulación y la normativa de funcionamiento de la industria. Y focalizar el subsidio para auxiliar a los clientes de menores ingresos.

Como puede observar el lector el Presidente hizo en su discurso, a pesar de la brevedad, un importante y sustancioso esbozo, de la situación del sector energético y planteó las alternativas de solución viable que darán al traste con la «sostenibidad» financiera y con el mejoramiento del flujo de caja que requiere la industria eléctrica en el corto y mediano plazo. A la vez que dispone revisar los contratos onerosos que encarecen los costos operativos, para permitir precios de la electricidad más justo y accesibles a los niveles de ingreso de los ciudadanos.

El Plan recuperación de pérdidas, como todo proyecto del más alto interés nacional para su efectiva implantación se precisa del compromiso de todos los dominicanos, del liderazgo del gobierno, del apoyo absoluto y comprensión de la clase política, de la sociedad civil, del empresariado, de los medios de comunicación, de los gremios profesionales, de los sindicatos y de los ciudadanos simples. Del consenso de todos los agentes del sector: generadores, distribuidores y comercializadores, del apoyo financiero de los organismos internacionales, en fin de todos los sectores que inciden la vida nacional. Se necesita movilizar el país y sensibilizar la conciencia nacional alrededor del cobro del servicio de electricidad.

Así de simple, si no pagamos lo que consumimos, el país se apaga.

¡Es un deber de todos!