Si alguien se interesara por conocer cuál es el plan de desarrollo del país, las metas identificadas para los próximos cinco, diez o quince años, probablemente encontraría que no existe tal cosa.

A esta reflexión nos ha obligado la queja expresada por dirigentes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) que participaron este fin de semana en el Encuentro Económico de este diario, a propósito de la forma en que los gobiernos realizan las inversiones públicas.

El Gobierno que encabezara el doctor Leonel Fernández Reyna de 1996 al 2000 no heredó de su antecesor, el líder reformista Joaquín Balaguer, ningún plan de desarrollo que pudiera ser señalado como inspirador de las inversiones y obras que ejecutaría entonces.

Hipólito Mejía, cuyo mandato desde el 2000 al 2004 se caracterizó por un manejo político ampliamente criticado y descalificado, tampoco heredó un plan de inversiones para el desarrollo. Ambos basaron sus respectivos desempeños en una visión propia que nada tuvo que ver con el seguimiento de una agenda nacional de prioridades.

Desde agosto del 2004 a la fecha no hemos escuchado referencia alguna a agenda de desarrollo, plan de inversiones a mediano y largo plazos o cosas por el estilo.

Probablemente lo más parecido a una agenda de inversiones y a una expresión de continuidad del Estado en esa materia se produjo cuando Joaquín Balaguer se sucedió a sí mismo varias veces en el poder. Quede claro que sus ejecutorias, por haber sido fruto de la voluntad de un solo hombre, quedan descalificadas como agenda nacional de desarrollo.

-II-

Aunque mucho se ha hablado de la necesidad de elaborar una agenda nacional que defina las metas a mediano y largo plazos y, por tanto, establezca el orden de prioridad de las inversiones públicas, nada nos indica que se hayan dado pasos en ese sentido.

En el presente ejercicio no se está trabajando en la continuación de ningún plan de desarrollo concebido o continuado en el período inmediatamente anterior. En todo caso, el Gobierno actual da continuidad a sus planes inconclusos al terminar su ejercicio en agosto del 2000.

Así las cosas, queda claro que la continuidad del Estado ha sido observada en la vertiente meramente política, garantizando el respeto del orden sucesoral establecido para los distintos poderes públicos. Las metas de desarrollo, como determinantes del orden de prioridades de las inversiones, no han corrido la misma suerte.

La continuidad del Estado requiere una planificación detallada de las metas de progreso a plazo fijo, definidas sobre la base de amplias consultas y participación de las fuerzas vivas. De ese modo, las inversiones responderían a las pautas desarrollistas acordadas, con efectos en un orden de prioridades claramente identificadas.

Desde hace mucho tiempo hemos estado oyendo hablar de la necesidad de crear una agenda de desarrollo, de pautar de una manera coordinada el camino a seguir. Hay que ampliar a dimensiones más representativas y ambiciosas los criterios de continuidad del Estado, pues el aspecto del desarrollo a plazo fijo no parece responder a una planificación que tenga sus miras más allá del ejercicio político de turno.