POR GERMAN MARTE
La presidenta electa de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, consideró ayer que para que el proceso democrático dé un salto importante, las reformas constitucionales tienen que abarcar al régimen político-institucional y a la propiedad económica. 

De lo contrario, advirtió la educadora, “la democracia dominicana seguirá siendo la caricatura que es”,  en la que las personas pueden sugerir opiniones, pero los gobernantes no están obligados a hacerles caso, “como viene ocurriendo particularmente desde 1978 en las principales decisiones públicas”.

Un sesgo relevante de la sociedad dominicana es la concentración de la propiedad económica, lo cual se refleja en el régimen político, adujo Cabrera, y a seguidas expresó que la reforma constitucional debería tomar en cuenta este hecho, “que es más grave, toda vez que la concentración también se da en los principales medios de comunicación”.

Al participar a título personal en la última jornada de la Consulta Popular para la modificación de la Constitución de la República, la recién electa presidenta de la ADP sostuvo que la reforma a la Carta Magna debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente electa por el voto popular.

La jornada de ayer de la Consulta Popular estuvo encabezada por el presidente Leonel Fernández. Participaron los colegios de periodistas, de abogados, de contadores públicos, de administración, las asociaciones empresariales, sindicales, ambientalistas y la Sociedad Dominicana de la Información. La actividad se desarrolló en el recinto Santo Tomás de Aquino de la PUCMM. Además del presidente Fernández, encabezaron la actividad monseñor Agripino Núñez Collado y Marcos Villamán, de la Comisión para la Reforma Constitucional.

En la actividad, la profesora Cabrera planteó que se establezcan las figuras del referendo y el plebiscito, como mecanismos de decisión del pueblo en torno a problemas de interés nacional.

Sostuvo que en la nueva Constitución se debe establecer el derecho del pueblo a recibir cuentas periódicas de los funcionarios centrales, departamentales y municipales, así como de los congresistas y regidores, “y a revocar el mandato de estos incluyendo del presidente de la República, cuando se compruebe que no están cumpliendo sus responsabilidades”. La ley establecerá las condiciones y la forma en que se producirá la revocación de mandatos.

Planteó que la escogencia de los miembros de la Asamblea Constituyente se haga junto a las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2008 mediante una reglamentación especial, para que en una labor cívica y honorífica, se aboquen a una reforma sustancial al texto vigente. 

Cabrera dijo que el momento es oportuno para hacer reformas a la Constitución de la República, porque, distinto a ocasiones anteriores, las mismas responderían a una necesidad planteada desde hace casi 30 años y no a urgencias del momento. En 1978 inició en el país una apertura política que debió servir, entre otras cosas, para importantes modificaciones al régimen político- institucional.

Consideró que el régimen político dominicano anacrónico, y apuntó que en lo fundamental, lo que hace moderno al régimen es el lugar que se le de a la participación directa de ciudadanos y ciudadanas.

La profesora Cabrera dijo que en lo adelante deberán establecerse como algo de estricto rigor constitucional,  el desarrollo de una economía nacional productiva, para garantizar la capacidad autoalimentaria del país, sobre la base de desarrollar constantemente las fuerzas productivas nacionales y el uso racional de la tierra y demás recursos naturales; así como mediante el apoyo estatal a las empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas a la producción de bienes y servicios para el consumo y el aumento de la riqueza nacionales.

Con igual rango deberá señalarse la preservación y desarrollo de los valores culturales domésticos, así como de la flora, la fauna, la ecología y el medio ambiente en general, quedando establecido mediante ley el castigo que corresponda a todo acto que contravenga el espíritu de la Constitución al respecto;

“Se deberá establecer el mínimo porcentaje del presupuesto nacional, o del PIB, que cada gobierno dedicará a la educación y salud”.

De acuerdo con la educadora, en la nueva Constitución debe introducirse el derecho de los trabajadores a sindicalizarse sin más requerimientos que el de la propia decisión, debidamente comunicada a las autoridades correspondientes.

Y sobre el  régimen político, manifestó que la Constitución deberá incluir el carácter participativo que deberá tener el régimen en lo adelante.

También sugirió el establecimiento Municipal como uno de los poderes en que se distribuye el Estado, dotado de autonomía, con atribuciones políticas, económicas, sociales y de orden policial en los municipios, sin que ninguna otra autoridad pueda interferir en sus jurisdicciones, salvo en casos relacionados con seguridad nacional, circulación de la moneda, o cualquier otro aspecto de la vida del Estado que sea incumbencia exclusiva de las autoridades nacionales.

Cabrera también planteó la eliminación del Senado de  la  República  y  establecimiento de  un  Congreso unicameral.