POR TANIA HIDALGO
El vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Agramonte, planteó  ayer la necesidad de que el nuevo Código Procesal Penal sea aplazado por dos o tres años, tras sostener que en la práctica se ha demostrado que la sociedad dominicana no está preparada para esa legislación.

«El código en sí es bueno, pero no para aplicarlo en la realidad de la República Dominicana, ya que recoge en el espíritu de sus letras, una concesión de una sociedad mucho más avanzada», precisó.

Al participar en el Diálogo Jurídico del periódico HOY, el legislador dijo que los códigos y las leyes, para que tengan éxito en su ejecución, deben parecerse a los ciudadanos a los cuales se les va a aplicar y tienen que recoger el nivel de desarrollo socioeconómico y sociopolítico del país.

Advirtió que el 80 por ciento de las disposiciones de ese nuevo código, muy especialmente en el área de investigación, se convertirán en letras muertas.

Dijo entender que el Estado no está en capacidad, desde el punto de vista material, para aplicar ese código con éxito.

«Aunque hubo que esperar un espacio de dos años para aplicarlo luego de su promulgación, a fin de que se fueran adecuando las estructuras necesarias para ello, es decir preparando los técnicos, criminalistas y cientistas, de manera que se tuviera el personal humano necesario para el proceso de investigación,  no se hizo nada, ni tampoco se hizo nada con la Policía y mucho menos con el Ministerio Público. Entonces, ahora tenemos el inconveniente de que contamos con un Ministerio Público nuevo que en la mayoría de los casos nunca, ni siquiera le ha puesto la mano a un código», dijo.

De su lado, el diputado perredeista por la provincia de San Cristóbal, Leivin Guerrero, corroboró las declaraciones de Agramonte, al indicar que en el país no existe una Policía “investigativa” que realice una buena pesquisa.

«El código es, en su esencia, bueno, pero ha habido fallas en su ejecución, porque precisamente coincidió con el cambio de gobierno y, por tal motivo, el Ministerio Público no está preparado», acotó.

De su lado, Agramonte vaticinó que la aplicación del Código será «tortuosa».

Refirió que los expedientes son asignados ahora a los fiscales, «entonces, cuando un fiscal tenga 200 expedientes a su cargo, materialmente le será imposible hacer la investigación».

«Eso significa que si al Ministerio Público de La Vega le asignan 200 casos, y como consecuencia de la investigación tiene que trasladarse a Higüey, Barahona o San Juan, debe hacerlo personalmente, porque ya no se puede hacer la comisión rogatoria como existía antes», añadió.

Explicó que si el fiscal hace una acusación que no está fundamentada en pruebas obtenidas de manera válida, puede ser demandado en responsabilidad civil.

Dijo que la mayoría de los destacamentos de las provincias, con 10 y 15 departamentos, sólo cuentan con un fiscal adjunto, lo que significa que el trabajo resulta prácticamente imposible.

«Debe aplazarse nuevamente la aplicación del código dos o tres años y que ese período sirva para hacer la inversión de parte del gobierno, de manera que pueda ser aplicado efectivamente”, insistió.

Agregó que esto dará oportunidad para preparar adecuadamente al Ministerio Público, a técnicos en la materia y  a criminólogos forenses, a fin de que los expedientes sean sustentados con pruebas validas», afirmó.

DELINCUENCIA

En este orden, los congresistas mostraron preocupación ante el auge de la delincuencia criminal.

Guerrero dijo entender que se deben aunar esfuerzos, a los fines de que «todos juntos enfrentemos este flagelo que está verdaderamente dándole una estocada mortal a la ciudadanía, en cuanto a lo que es el espíritu de la tranquilidad». 

En tanto, Agramonte entiende que el Estado, en sus diferentes  gobiernos, nunca ha hecho un gran esfuerzo para delimitar  y crear una verdadera política criminal de Estado preventiva     y que solamente se ha limitado a poner en práctica una política criminal persecutoria sancionadora «y eso, entonces, no resuelve el problema de la violencia y de la criminalidad».

Dijo que aunque los deportados no son la causa principal de la violencia delictiva, constituyen un elemento motivador.

«La sociedad dominicana no estaba preparada para recibir alrededor de 20,000 dominicanos deportados de Estados Unidos. La mayoría de ellos estaban totalmente desvinculados de la realidad de la nación y tenían 20 y 30 años viviendo en una sociedad diferente a la nuestra», manifestó Agramonte.

Refirió que hace tres años, la Cámara de Diputados aprobó una resolución donde se consignaba la creación de una comisión interinstitucional que diera seguimiento a los deportados, no para perseguirlos, sino para orquestar políticas de reinserción a la sociedad dominicana y al mercado laboral, previa depuración de sus expedientes.

Dijo que esa resolución fue notificada a todas las instancias, pero que nadie dijo nada «porque ese tipo de cosas, a nadie le llama la atención».

Entiende el legislador que para reducir la delincuencia, es necesario reforzar el rol de la familia y el papel de la escuela.

«Hay que darle garantías a los jóvenes de que puedan trabajar, educarse y divertirse», refirió.

CODIGO PENAL

Con relación al Código Penal, el vocero del bloque de diputados del PRD dijo que está en comisión.

Agregó que su aprobación se ha retrasado, porque ha habido problemas para llegar a un consenso.

«El problema es que en el Senado aprobaron muchas figuras que su aplicación es imposible en la sociedad dominicana, entre ellas, el cúmulo de la pena, la cadena perpetua y la cadena de muerte, porque llegará un momento que tú no vas a tener espacio físico donde meter a los presos, por un lado, y por el otro, el Estado no tendrá capacidad económica para mantener esa gran población carcelaria», alegó.

PLAN RENOVE

En este orden, al ser preguntados sobre el sometimiento a la justicia de varios ex funcionarios del pasado gobierno y sindicalistas, ambos legisladores dijeron entender que en el Plan Renove no hubo corrupción.

Agramonte agregó que ese programa fue financiado por un préstamo aprobado en el Congreso y que el Estado no ha aportado un centavo.

Los adquirientes de las unidades tienen la responsabilidad de pagar, aseguró.   

«Posiblemente existía un desorden en la distribución de esas unidades, pero el desorden no tiene sanciones jurídicas», puntualizó. 

PROYECTO ELIMINARIA CARGAS LARGA DISTANCIA

El diputado Leivin Guerrero (PRD-San Cristóbal), al referirse a los proyectos de Ley sometidos por él en el Congreso Nacional, resaltó la importancia del de Ley General de Larga Distancia Telefónica Nacional, que busca eliminar la larga distancia telefónica entre los municipios que conformen una misma provincia.

Refirió el caso de Haina, cuyas llamadas hechas por los usuarios desde y hacia San Cristóbal, son consideradas de larga distancia y no así desde Haina a la capital.

«Por suerte, según una resolución del 24 de abril pasado, avalada en el artículo 3 de nuestro proyecto de ley, se dejará sin efecto lo que son las largas distancias telefónicas dentro de los municipios de una misma provincia. Eso estará en vigencia aproximadamente en el 2006, porque obviamente las telefónicas tienen que hacer algunos ajustes en sentido técnico», explicó.

Significó que es un logro el hecho de que en los municipios de una misma provincia, se elimine el cobro de la larga distancia.

Asimismo, de acuerdo al proyecto, dijo que será eliminada la larga distancia entre todas las provincias del resto del país que tengan igualmente 35 kilómetros o menos de distancia entre ellas.  Este proyecto fue elaborado con el objetivo de regularizar las llamadas locales y nacionales.

Guerrero dijo que someterá un proyecto de modificación a la Ley 153-98, a los fines de que las tarifas telefónicas sean el resultado de un consenso entre las compañías telefónicas, el Instituto de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y los consumidores.

Otro proyecto presentado por el legislador, es el que crea la  Declaratoria de Fallecimiento Judicial por desaparición.