Las normas establecidas en el país para proteger el derecho de los turistas ante posibles incumplimiento de los prestadores de servicios deben ser modificadas, considerando que se trata de extranjeros que tendrán una estancia limitada y necesitan procedimientos con respuestas inmediatas, planteó la jurista Giselle Pérez Reyes, experta en derecho del turismo.

Pérez Reyes señala que tanto las normas especializadas de turismo como la legislación de protección al consumidor prevén la reparación al turista en casos de servicios contratados que no han sido prestados, pero los mecanismos establecidos dificultan que un visitante pueda tener una respuesta ante un incumplimiento en el tiempo que permanecerá en el país, “habida cuenta que dicho turista sólo tendrá una estancia limitada en el país, y que el objetivo es que efectivamente reciba el servicio turístico contratado o un resarcimiento inmediato, y no que deba buscar luego una reparación judicial”, señala la especialista, que habló en el recién celebrado Congreso de Derecho del Turismo que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.

Plantea que “la urgencia de su necesidad y la importancia del turismo para el país, podrían justificar una consideración especial por parte de las autoridades” para establecer mecanismos destinados a brindar al turista “una protección integral y efectiva”, que además podrían contribuir a mejorar “la imagen del país a nivel internacional”.

En este sentido sugiere establecer “un sistema de reparación tarifada inmediata ante ciertos incumplimientos por parte de los prestadores de servicios turísticos”.Por ejemplo, crear  “un sistema de indemnizaciones tarifadas para determinadas situaciones”.

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Lista derechos

Giselle Pérez Reyes, experta en derecho del turismo, sugiere imponer a determinados prestadores turísticos  “la obligación de exhibir visiblemente la lista  de los derechos del turista y la correspondiente indemnización tarifada que correspondiera por incumplimientos”; y crear “una instancia especializada en el sector turístico dentro de  la autoridad de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor”.