El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, dijo ayer que el pacto eléctrico debe   abordar  los temas del    costos de la generación y el fraude energético.

Refirió que “hay un problema serio con el costo de la generación que se asocia a los combustibles y en un pacto  debe discutirse cuáles son los combustibles que se usarán en el futuro”.

El ministro expresó que los diferentes sectores que intervienen en el tema eléctrico, para llegar a acuerdos deben profundizar las discusiones sobre  el fraude energético y  el cobro de la electricidad.

 Montás insistió en que  las ideas fundamentales para el pacto eléctrico están contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), “obviamente, se debe producir la negociación entre el Gobierno  y los diferentes sectores vinculados al sector”.

Con respecto a los cuestionados contratos del sector eléctrico, el funcionario dijo que los mismos se vencen en los próximos 4 años, lo que da la oportunidad al Gobierno de generar una nueva situación en el sector.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de    la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Milton Morrison, dijo que el pacto no puede ser un acuerdo con una de las partes, sino un pacto integral, donde se ponga claramente cuál es la responsabilidad del Gobierno, de los generadores y de los consumidores.

Consideró que el fracaso de las distribuidoras ha consistido en la imposibilidad de reducir las pérdidas en la distribución ni siquiera en un 6% en los últimos 10 años. Estimó que las empresas tienen pérdidas de un 40%, que representa al sector más de 50 millones de dólares.

Explicó que, además, se debe diversificar  la matriz energética para sacar los combustibles líquidos de la generación, sugirió que “el Gobierno tiene que llamar a licitaciones para que aparezcan los inversionistas locales o extranjeros para poder ampliar esta matriz”.

 Morrison cuestionó que el país tenga anualmente un subsidio que sobrepase los   1,200 millones de dólares, que equivale a un 2% del PIB. Enfatizó que el Gobierno  no puede darse ese lujo.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la celebración del foro sobre Energía y la Nueva Administración Pública, donde Montás  ofreció  una conferencia magistral.

El evento fue celebrado ayer en los salones del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).

Frank Elias R. Kuret
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) abogó porque toda acción que sea propuesta para solucionar la crisis del sector eléctrico tenga como fundamento el Pacto Eléctrico que establece la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo y el cumplimiento de la Ley General de Electricidad No. 125-01.
 
“Para la Asociación, el Pacto Eléctrico debe abordarse inmediatamente bajo un espacio de concertación que integre a todos los sectores que intervienen en este sistema. Esto permitirá garantizar que el compromiso y plan de acción que se asuma para superar las debilidades que presenta este sector sea coherente y sostenible”, expresó Frank Elías Rainieri Kuret, Presidente de ANJE.
 
ANJE instó que en el marco del Pacto Eléctrico se identifiquen medidas contundentes para aumentar las cobranzas que realizan las distribuidoras de electricidad, porque les resulta penoso que gran parte del déficit financiero sea producto de un sistema de cobros ineficiente. Señaló que el sector productivo nacional y la sociedad en sentido general, no puede continuar con un sector deficiente, cuyos niveles de pérdidas de electricidad rondan el 40% de la energía servida, lo cual hace el país menos competitivo.
 
La Asociación sostuvo que urge se elimine la adopción de medidas cortoplacistas, como el involucramiento del gobierno en actividades de generación.

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Seguridad
 El diputado Pelegrín Castillo,  en su ponencia “Por una política de seguridad enérgetica” resaltó la importancia de la exploración de hidrocarburos en tierra y mar, el desarrollo de energías  renovables y el  apoyo a  planes firmes de ahorro y eficiencia energética, enfocadas primariamente en instalaciones estatales y alumbrado público, todo en el marco de un sistema de regulación fortalecido, eficiente y con una visión de sostenibilidad.