MINERVA ISAY ELADIO PICHARDO
m.isa@hoy.com.do
Las intenciones de crear un instrumento legal idóneo que frene la corrupción administrativa, concretadas en cuatro proyectos de leyes sometidos al Congreso, quedaron frustradas, engavetadas por intereses contrapuestos, la apatía o el evidente propósito de que funcionarios del Estado sigan evadiendo la rendición de cuentas al no poner bajo el escrutinio público los bienes adquiridos durante su gestión, dejando una brecha al enriquecimiento ilícito sin sanciones.

La pretendida búsqueda de mecanismos eficaces para hacer operativa la Ley 82-79, sobre la Declaración Jurada de Bienes (DJB), fueron prontamente bloqueadas, no motivó a los congresistas, muchos de ellos infractores de la legislación.

Organizaciones como Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han demandado procedimientos expeditos y sanciones más severas contra quienes no cumplan con esta normativa. Esas inquietudes quedaron plasmadas en proyectos de leyes orientados a superar las debilidades de esa ley, que no establece sanciones penales, sólo administrativas, como la amonestación y el no pago de salarios hasta tanto cumplan con esta obligación.

Su modificación fue propuesta al Congreso en proyectos presentados durante el último decenio, pero han perimido sistemáticamente. Las enmiendas planteadas estipulan sanciones penales, dos de esos proyectos consideran el incumplimiento de la ley como renuncia irrevocable al cargo y nulos los actos realizados.

Y para los funcionarios electos, disponen que la JCE no les entregue el certificado de elección hasta presentar la DJB. Procuran, además, precisar y ampliar el contenido de las DJB, aumentar el número de los funcionarios que deben someterse a la normativa, como funcionarios de la Liga Municipal Dominicana, embajadores y cónsules, auditores, gerentes financieros y encargados de compras y transporte, entre otros que manejan fondos públicos, actualmente excluidos.

Los legisladores no han mostrado voluntad política para hacer eficaz esta la ley. El director de la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Líster, quien ha abogado por la modificación de la desfasada Ley 82, sostuvo reuniones con la Cámara de Diputados sin lograr que nuevamente se incluyera en la agenda.

En la violación de esta legislación incurren inclusive funcionarios responsables de la rendición de cuentas de las instituciones estatales.

Pese a las reiteradas violaciones, las previsiones legales no han sido aplicadas en los 29 años de la ley 82. Procuradores y el director de la DPCA han reclamado su cumplimiento, planteando que no se les pagaría a los infractores. Las presiones hicieron que entre abril y mayo el número de funcionarios del Ministerio Público que no había declarado sus bienes descendiera de 98 a 3. No la han sometido: Andrés Comas Abreu, fiscalizador laboral DN; José Enrique Ventura Tejada, fiscalizador laboral; Leonardo Capellán Díaz (interino), fiscalizador Jarabacoa. 

Además de infringir la Ley 82, muchos funcionarios adscritos al Ejecutivo desacatan el decreto 287-06, que dispone actualizar las DJB mediante un nuevo sistema uniforme y automatizado. Un alto número ni siquiera ha presentado la primera relación de activos y pasivos de sus bienes a tres meses y medio de vencer el plazo para depositar la segunda DJB, lo que debe hacer treinta días después del cierre de la actual gestión gubernativa. Este plazo no incluye a los legisladores y ediles electos para el período 2006-2010. 

Ante una lamentable omision

José Rafael Pérez Modesto, subsecretario de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, se omitió por error en la relación publicada ayer por este diario entre los que presentaron su DJB. César Bolívar Tapia Cunillera, subsecretario de la misma cartera no se incluyó porque en la lista de la DPCA figura entre los que no han hecho su declaración de bienes, citado con el nombre de Bolívar Tapia, como se puso, por lo que no se identificó como tal en la lista de la Tesorería, donde aparece como César B. Tapia Cunillera.

ZOOM

FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO  DJB
Aurelio Guerrero, intendente Superintendencia Seguros; Francisco Liranzo, subcontralor gral. de la República; Rafael Calderón E.., subjefe PN; José  Hernández, administrador OPRET; Juan D. Balcácer, presidente Comisión Efemérides Patrias; Félix Alcántara, presidente Fondo Patrimonial Empresas Reformadas; José  Tejada, administrador Jardín Botánico; Gonzalo Ramírez, vicepresidente Fondo Desarrollo Transp. Terrestre; Angelina Batista, adm. CDEEE., y Raúl Santana, adm. Transmisión. Willis Ramírez, ordenador delegado ONFED; Glenny Thompson, vicepresidenta Comisión Espectáculos Públicos; David Arias y Simón Guerrero, director y subdirector Zoológico; Francis Mejía, subadministrador Bienes Nacionales; Jeanette Peguero, Subdaministradora Lotería Nac.; Rafael Cuello, secretario ejecutivo Comisión Asuntos Nucleares.

DIRECTORES
Víctor Mejía F., Carreteras  y Caminos Vecinales; Juan Fco. Caraballo, IAD;  Olga Tejada de Llibre, Atención a Primera Infancia; José Tomás Pérez, Inst. Aviación Civil; Marino Almánzar, Equipos  y Transporte; Jacqueline Medrano, Reglamentos y Sistemas; Gustavo Tejeda, Ofic. Evaluación Sísmicas; Mayra Jiménez, directora  Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Wilfredo Féliz, Centro Microfilmación; Miosotis Rivas, directora Ofic. Coordinadora Comisión Negociaciones Comerciales, y Hugo Ramírez Ritz, director Negociaciones;  Freddy Majluta, Corporación Fomento Industria Hotelera; Gustavo Lara y Ligia Leroux y Gustavo Lara, presidenta y director gral. de la Cruz Roja.                                       

DIRECTORES EJECUTIVOS
Arístides Fernández Zucco, Comisión  Nac. Energía; Silvio Cruz Pichardo, Ganadería  y Boyada; Rafael Martínez D., Fondo Preinversión; Pedro Valdez, Feria  del Libro.

SUBDIRECTORES
Francis Mancebo, INESPRE; Víctor Soto y Jovanny Romero, Migración; Angela Peña, Desarrollo Fronterizo; Melanio Aquino, Minería; Orlando Peña, Presupuesto; Francis Mejía, INVI; Dasne Soto de Rodríguez, Aprovisionamiento Gob.; Daniel Liranzo, Consejo Zonas Francas y Exportación; José Ferreras, SENASA; Aníbal Medina, Henry Pimentel y Julio Cuello, Dpto. Aeroportuario; Vicente Santos, ONE; Ramón Fondeur, Consejo Desarrollo Fronterizo; Ramón Matos, Industria de la Aguja; Mónica Vega, Acuario Nac; Yomaris Torres, Feria del Libro; José Candelario, CONAPOFA.

Elizabeth Hazim de Vásquez, Museo Casas Reales; Alcibíades Méndez, Inst. Desarrollo Suroeste; José de la Rosa Saldaña, Museo Arte Moderno; Félix Rodríguez, Defensa Civil; Lilliam Fondeur, Consejo Presidencial Sida; Sonia Arias, Carreteras y Caminos Vecinales; Juan Pérez C., IAD; Freekye Olivo, Fondo Preinversión; Héctor Martínez, CAASD; Miriam Bello y Nirsia Sánchez, Bellas Artes; Alcibíades Tavárez, José A. Cabrera y Milcíades Franjul, Dirección Exoneraciones; Idionis Pérez, INFOTEP; José García Mateo, subdirector Ofic. Supervisión y Fiscalización.