POR LEONORA RAMÍREZ S.
El Tribunal de Tierras necesita una segunda reforma porque hay jueces que todavía no han entendido el nuevo paradigma judicial y están signados por viejos esquemas de corrupción que los lleva a dictar sentencias complacientes, consideró el abogado Santiago Moquete.

Este experto en legislación de tierras destacó, sin embargo, la importancia del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras (PMJT) que desarrolla la Suprema Corte de Justicia, para hacer eficiente y transparentar las operaciones inmobiliarias.

Moquete estima que en «aras de que la Suprema Corte le dé seguridad a los propietarios, deben propiciarse cambios para que el  Tribunal de Tierras tenga mayor credibilidad».

«En mérito de esa instancia hay que decir que las cosas han cambiado mucho, pero sería saludable que jueces buenos puedan asumir posiciones cimeras en esa instancia».

Hacia el Tribunal de Tierras de Azua él enfila sus críticas, pues asegura que el juez Rafael Minyeti no ha sido transparente en algunas de sus decisiones.

«Tenemos una querella contra el juez Minyeti ante la Suprema Corte, pero no ha habido forma de que ésta investigue y actúe. La suerte es que hay un sistema de decisiones escalonadas, que se pueden apelar, pero el 90% de las sentencias de ese juez han sido revocadas y revisadas», expresó Moquete.

Minyeti, al asumir su defensa, expresó que «al juez lo designan para que actúe de manera imparcial, por lo que debe valorar las pruebas para saber quién tiene la razón y ahí es que yo estoy enmarcado. El día que no pueda hacerlo entonces renuncio». 

«Un juez tampoco debe permitir que intereses económicos lo presionen, por el contrario, debe tener olfato jurídico, visión, y no ser un bobo cuando alguien presente elementos que no constituyen prueba.

«Eso me ha sucedido a mí, que en ocasiones no he permitido que me narigonéen los poderosos, pero tampoco los de abajo. Lo que soy es un ente imparcial y si no le recibido dinero a nadie debo actuar conforme a las pruebas que se me dan».

NO TODO ES CORRUPCIÓN

Moquete reconoció que algunas aberraciones en la administración de justicia ocurren porque los tribunales de tierras están dirigidos administrativa y judicialmente por los jueces.

«Por eso pensamos que se deben separar ambas funciones, porque hay algunas aberraciones que no se la podemos achacar a una presunción de corrupción, sino que es un problema de formación que crea un paradigma inadecuado en el manejo judicial».

Quedó descartado, de acuerdo a sus declaraciones, que la inamovilidad de los jueces se preste a la comisión de acciones irregulares.

«No, no tiene que ver con eso, es que es el resultado de que el Tribunal de Tierras se haya dejado deteriorar desde el punto de vista moral y administrativo».

ROBO DE TITULOS

La historia del Registro de Títulos está manchada con acciones dolosas que abarcaron hasta el robo o adulteración de títulos de propiedad.

Esa práctica se pretende sepultar con el PMJT, mediante el cual las oficinas de registro de títulos tendrán las informaciones digitalizadas (la de San Cristóbal funciona como tal desde diciembre del 2004), lo que impedirá que manos interesadas toquen los expedientes archivados en cada jurisdicción.

La primera parte del proyecto de modernización abarca las provincias de San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Higüey, Santiago, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, y se ejecuta con una inversión de US$32 millones, y una contrapartida dominicana de RD$8 millones. 

«Era una practica común que en el Tribunal de Tierras se robaran los títulos. Lo malo es que por delito de tierras no hay nadie preso. Con el nuevo Código Procesal Penal, dado que la acción la puede motorizar lo privado, pienso que vamos a poder reunir documentación y hacer que alguna gente vaya a la cárcel», refirió.

Moquete aseguró que en la década de 1990 las acciones dolosas llegaron a tal extremo que nadie estaba seguro de sus propiedades, porque en esa época se hacía de todo.

Mairení Rivas Polanco, comisionado general de la Suprema Corte ante la Jurisdicción de Tierras, refirió en ese sentido que en ese período «todo era posible y todo tenía un precio».

«Anteriormente cualquier persona podía venir al Registro de Títulos y tomar un libro para revisarlo, y en un momento de descuido arrancaban un hoja… ahora el usuario no toca la documentación, porque hemos procedido a la digitalización de títulos, planos y otros expedientes», expresó Rivas.

Moquete incluyó a la dirección de Mesura Catastral como fuente de fraude, porque allí supuestamente se amañaban los deslindes; y en el Registro de Títulos «muchas mafias operaban robándose los títulos, cambiándolos o falsificándolos, pero cuando llegó Wilson Gómez a esa dependencia se hizo un gran esfuerzo por sacar las mafias de allí».

LA ERA DIGITAL

Gómez es el Coordinador Nacional de los Registradores de Títulos y quien está convencido de que la remoción de la Jurisdicción de Tierras permitirá que desaparezcan los cúmulos de expedientes, la demora de los procesos y la sombra de la falsificación.

De eso está convencido Wilson Gómez, Coordinador Nacional de los Registradores de Títulos, quien tiene a su cargo la reforma de una instancia que por décadas fue tratada como una cenicienta, pese a los grandes aportes que hace al  fisco.

El Registro de Títulos de aquí, cuyas instalaciones están ubicadas en el Palacio de Justicia, consta de una sala de consulta para que los interesados busquen directamente las informaciones que requieran, o con la asistencia del personal asignado para esos fines.

«Este cambio de modelo de gestión es una respuesta a una sentida necesidad ciudadana de que estas oficinas operen con transparencia y dinamismo, sin que eso se festine, para que los niveles de riesgo de quienes hacen una inversión inmobiliaria sea el menor posible».

Sobre las irregularidades que ocurrían en la Jurisdicción de Tierras explicó que, hasta 1998, cuando se invistieron a los actuales jueces de la Suprema Corte, no se le dio valor a la misma, pero no tiene información de que se hayan desaparecido expedientes de una década específica, «aunque es posible que un original se haya extraviado por la situación que imperaba».

Mas reconoció que hubo un descuido histórico en esa dependencia, caracterizado principalmente por la falta de voluntad política para realizar los cambios necesarios.

APORTES AL FISCO

En el 2003 Las oficinas de registro de títulos aportaron al fisco RD$1,160 millones por concepto de impuestos por transferencias, hipotecas, privilegios y otras operaciones.

Se realizaron 34,557 transferencias como ventas, daciones en pago, permutas, adjudicaciones y donaciones; se ejecutaron 14,973 hipotecas y se registraron 90,436 documentos

En el país hay 22 oficinas registradoras de títulos, de las cuales las más importantes son las de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, La Vega, San Fracisco de Macoris, Puerto Plata, San Cristobal.

Las demás están ubicadas en Nagua, Baní, Bonao, Moca, Cotuí, Valverde, El Seibo, Monte Plata, Salcedo, San Juan de la Maguana, Barahona, Montecristi y  Santiago Rodríguez.